El 23 de octubre de 2013, el Consejo de Educación Superior (CES) anunciaba la intervención de la Universidad de Guayaquil tras haber confirmado doce tipo de irregularidades académicas y administrativas, algunas de las cuales podían incluso implicar delitos penales. Hoy, tres años después, y a dos semanas de que culmine esta medida en la institución, no se han establecido responsabilidades por esos actos; ni menos aún, sanciones.

Inicialmente, el Consejo de Educación Superior nombró una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), por un año. Pero en 2014 extendió su presencia a un año más; en 2015, hasta agosto de 2016; y finalmente, en este año, hasta noviembre.

Los directivos de este organismo y las autoridades de turno de la Universidad porteña en este trienio han presentado denuncias ante la Fiscalía y solicitado exámenes especiales a la Contraloría por las diversas irregularidades detectadas.

Sin embargo, tres años después el plazo de su presencia en el mayor centro de estudios superiores del país se acerca a su fin sin que hayan concluido estos procesos y recibido los informes que les permitan señalar responsables y, sobre esa base, imponer sanciones.

Atribuyen la demora a las entidades que realizan las investigaciones. Así lo ha hecho el presidente del CES, Enrique Santos, quien desde 2013 fue el vocal de ese organismo encargado del seguimiento de la intervención en la universidad.

Específicamente, se refirió a dos denuncias presentadas en la Fiscalía: una en marzo de 2014 por la violación al derecho a la gratuidad de la educación superior (los cobros indebidos a los estudiantes); y otra en diciembre de 2013, por los cobros a estudiantes a través de depósitos en cuentas bancarias particulares.

A pesar del tiempo transcurrido, ambos casos no han pasado de la fase de investigación previa.

Santos dijo a EXPRESO que hace unas semanas, el entonces presidente de la Comisión, Jaime Medina, acompañado de otras autoridades y del equipo de asesoría jurídica, pidió una reunión con la fiscal provincial, Patricia Morejón, para expresarle su preocupación por la demora de estos procesos.

Así lo confirmó a este Diario la titular de la Fiscalía. De manera general, sin entrar en detalles, debido a que los casos están en fase de investigación, afirmó que los respectivos fiscales están trabajando en ellos.

También reconoció que la universidad ha hecho seguimiento de los casos, presentado escritos y facilitado la documentación solicitada.

Pero explica que hay dificultades porque en el caso de los cobros indebidos, hubo miles de afectados, pero como se aplicaba en toda la universidad, se torna complejo establecer con precisión quiénes y desde cuándo los autorizaron. Y en el de depósitos en cuentas particulares, porque falleció el supuesto beneficiario.

Ante una consulta de este Diario, Morejón recordó que el peculado o la violación de derechos no prescriben. Pero reconoció que dos años eran tiempo suficiente para que un fiscal decida si tiene o no elementos para iniciar una instrucción.

Las causales de la intervención (sintetizadas en el gráfico adjunto) también eran de tipo administrativo. Pero allí tampoco hay sanciones porque, según indicaron el actual presidente de la Comisión, Luis Carmenate; y el interventor jurídico, José Bajaña, se requiere de los informes solicitados a la Contraloría.

Desde el inicio de su presencia en la Estatal, la Comisión de Intervención corrigió o eliminó las causales y pasó a desarrollar lo que llamó un Plan de Excelencia. Parte de este fue la aprobación de una normativa para actuar en estos casos, como la reforma de los estatutos y un reglamento de sanciones.