Ocles se quedó con las cajas hechas

Como en los comederos de medio pelo, donde facturan el almuerzo bajo la descripción genérica de “consumo de alimentos”, la cotización de Store Camacho que la secretaria de Riesgos Alexandra Ocles aprobó alegremente no incluye precios unitarios. O sea que el gobierno no sabe ni cuánto le cuestan las sardinas. Como los comederos de medio pelo que bien pueden funcionar en un garaje cualquiera, este proveedor del Estado a quien se otorgó un contrato de un millón de dólares no tiene otra dirección comercial que la vivienda de su dueño. Así es la compra de 7 mil cajas de alimentos para la emergencia sanitaria: informal y traviesa.

Ocles pretende pagar, con la plata de todos, 150 por una lista de compras que no pasa de 80. Dos medios de comunicación, Primicias y Teleamazonas, echaron cálculos y sacaron más o menos el mismo resultado: alrededor de 80. El desafío de la funcionaria, entonces, es justificar la diferencia. Parte el corazón verla esforzarse y sudar en el intento. El transporte, dice, hay que considerar el costo del transporte. Pero ni en taxi le salen las cuentas. El embalaje, continúa, y se inventa unas cajas de plástico (“guardatodo”, las llaman los proveedores) que no pueden costar más de quince dólares y que plantean otra duda: ¿cajas de plástico para repartir comida? ¿No basta con una funda?

La explicación hace de Ocles la reina del delirio. Ocurre que no se trata aquí de “asistencia alimenticia” sino de “ayuda humanitaria”. Por eso las cajas: los productos deben ir bien embalados y cumplir, además, con los porcentajes nutricionales necesarios. Como ocurre a menudo con las explicaciones de la tecnocracia, queda claro que aquí los ignorantes incapaces de entender cómo funcionan las cosas en los altos niveles de la administración pública son los ciudadanos, que no saben distinguir entre “asistencia alimenticia” y “ayuda humanitaria”. Imbéciles. El hecho es que las cajas de Ocles costarían la mitad si tan sólo les cambiara de nombre. 

Fiscalía: un carpetazo a medianoche

“Si no van a ayudar, no estorben”: lo que el presidente Lenín Moreno dijo a los miembros de la Asamblea, a propósito de su ley económica urgente para afrontar la crisis, es más o menos lo que la fiscal Diana Salazar le dijo al presidente con respecto a su Secretaría Anticorrupción, organismo inútil que actúa como el perro del hortelano: ni lucha contra la corrupción ni deja que otros lo hagan. Pero se alza con los créditos. Y cuesta mucha plata.

Ni pío ha dicho el presidente sobre la contundente carta de cuatro páginas que la fiscal le escribió el pasado jueves. El viernes, cerró la semana con un “Gracias, gracias señora fiscal” que no tenía nada que ver con el asunto sino con los procesos abiertos por la Fiscalía contra los que roban en los hospitales. Y añadió: “Caiga quien caiga”, “Hasta las últimas consecuencias”, Blablabá. Mientras tanto, el secretario Anticorrupción, José De La Gasca, se hace el loco.

Ese mismo jueves, a la medianoche (a las 23:51, para ser exactos), pocas horas después de que la carta de la fiscal al presidente lo pusiera en su sitio, De La Gasca interrumpió el sueño de Diana Salazar con un mensaje de WhatsApp urgente. El mensaje llevaba por título “Noticia de delito del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta”. El texto decía: “Sírvase encontrar adjunto al presente la ‘noticia criminis’ del acto de corrupción número tal con sus respectivos anexos”. Y luego: “por el volumen de los anexos se enviará en cinco correos la información antes descrita”. Todo parecía indicar que se trataba de otro caso relacionado con la emergencia sanitaria que demandaba la atención inmediata de la Fiscalía. Así que Salazar se puso manos a la obra.

Pero no. Ni el caso era urgente (el director del hospital ya había sido requerido para enviar información) ni tenía nada que ver con la emergencia sanitaria (era un proceso que databa de febrero pasado) ni se justificaba enviarlo con tanta alharaca a medianoche. La fiscal no quiere creer que esta movida, en la que resultó enterrada en carpetas a la medianoche, sea un caso de “mala voluntad”. Buena persona, la fiscal. 

Las fundas para cadáveres son el negocio del momento

“Uno a uno irán callendo”, tuiteó Jorge Wated con desparpajo ortográfico que corrigió en cuanto se lo hicieron notar. El Twitter aguanta todo. Si no existiera, este gobierno tendría que inventarlo. ¿Dónde, si no, lucharía contra la corrupción? A estas alturas de la cuarentena, los casos de sobreprecio aparecen a razón de dos al día.

La empresa Almantop, dedicada a la venta de comidas, entró a proveer insumos médicos al IESS. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo firmó con ella una orden de compra por diez millones de dólares, incluidas mascarillas N95 por el cuádruple de su precio en el mercado.

La Comisión Nacional Anticorrupción identificó a once proveedores que han obtenido 23 contratos con sobreprecios para la dotación de insumos médicos a siete hospitales por un total de 32,5 millones de dólares.

La empresa Vidac Medical no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías, pero vendió 6,8 millones de dólares en insumos al Hospital Teodoro Maldonado. Su RUC pertenece a una persona natural, Gabriela Karina Ayala, investigada ahora por un contrato con el Hospital de la Policía de Guayaquil que al comandante general Patricio Carrillo le parece sospechoso: fundas para cadáveres de 130 dólares, mascarillas N95 de 10 dólares, trajes de protección de 52 dólares...

Mientras el hospital de la Policía hace esos gastos, su personal sanitario denuncia que se encuentra impago y no tiene insumos.

El Hospital Docente de Ambato compró, a una empresa de transporte, 4.834 overoles que no cumplen con las especificaciones técnicas. Gastó 216 mil dólares, es decir, a 39,90 cada uno. Otros hospitales del país han pagado la mitad por prendas de mejor calidad.

Ese mismo hospital se ha sumado al negocio del momento: la compra de fundas para cadáveres con sobreprecio. Difícil imaginar una modalidad de corrupción más retorcida. Sin embargo, en ese negocio se encuentran involucradas casas de salud de Quito, Guayaquil, Babahoyo, Machala, Ibarra, Guaranda... La fiscal Diana Salazar apenas lo puede creer: “Tengo desplazados a los fiscales allanando todo”, dijo a este Diario.

La única diferencia entre este gobierno y el anterior es que ahora nos enteramos de lo que roban. Lo cual está muy bien, pero tampoco es para lanzar cohetes.