En infraestructura pública, los esfuerzos del Gobierno se concentraron en la vialidad y en el seguimiento de proyectos heredados del régimen anterior, aunque no faltaron los anuncios de megaobras, cuya factibilidad y pertinencia encendió discusiones. Para obras públicas, el Ministerio de Finanzas había asignado en el presupuesto codificado de este año $ 844’792.703, hasta septiembre.

En mayo, haciendo un llamado a inversionistas, el presidente Moreno presentó el concurso público internacional para la construcción del denominado Tren Playero. La concesión del corredor ferroviario Daule-Posorja, que sería la primera fase, demanda una inversión de $ 370,5 millones durante su construcción y $ 156,4 millones en su etapa de operación.

Las ofertas debían recibirse hasta el 16 de agosto, la adjudicación sería el 9 de octubre y la firma de contrato en noviembre de 2019. Pero el cronograma del proceso ha sido modificado tres veces y ahora la fecha máxima prevista para la firma del contrato es el 15 de junio de 2020.

La construcción del Viaducto Sur, en Guayaquil, que había sido anunciada como la megaobra del actual Gobierno, no se ha podido materializar, tras dos años de espera. El Municipio de Guayaquil solicitó la competencia para ejecutarla mediante una alianza público-privada, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ratificó su compromiso para realizar la obra.

En octubre pasado, esa cartera declaró desierto el concurso público internacional que había iniciado un año atrás, debido a que no hubo ofertas. El cronograma del proceso había sido modificado en cuatro ocasiones.

La inversión esperada para esa infraestructura, concebida para enlazar el sur de Guayaquil con la vía Puerto Inca- Naranjal, era de $ 1.040 millones.

En julio pasado, durante una visita a Guayaquil, el presidente Moreno dijo que no se irá tranquilo y que no entiende cómo no existe una carretera de primer orden entre Quito y Guayaquil. “Hay que hacerla de varias vías y varios servicios”, adelantó el mandatario, sin dar mayores detalles sobre su propuesta.

El Gobierno tiene un proyecto que demanda una inversión de $ 1.400 millones y que busca ampliar a cuatro carriles el corredor que conecta a ambas ciudades, a través del modelo de concesión o delegación al sector privado. En septiembre de este año, adjudicó los contratos de los tramos Santo Domingo- Buena Fe y Buena Fe-Babahoyo-Jujan.

Mediante esa modalidad de negocio, en abril también se formalizó el contrato con la compañía Verdú para el mejoramiento y operación de la carretera Guayaquil-Salinas, de 162 km. La inversión prevista asciende a $ 305 millones, para 20 años de delegación.

Casi cinco años tuvieron que pasar para que el intercambiador de tráfico de San Pablo, en la Ruta del Spondylus, sea abierto al paso vehicular. La inversión en esta obra, que fue inaugurada a fines de noviembre, superó los 5 millones.

Otros proyectos de infraestructura inconclusos retomados por el régimen fueron las centrales hidroeléctricas Minas San Francisco y Delsitanisagua, inauguradas en enero y marzo de 2019, una vez superadas una serie de dificultades contractuales y técnicas.

Después del fracasado proyecto de la Refinería del Pacífico, el régimen abrió la posibilidad de delegar a la iniciativa privada la construcción de un complejo refinador de alta conversión en la costa ecuatoriana, por un costo de $ 6.000 millones. Hasta ahora, seis compañías han presentado sus expresiones de interés.

El presidente Lenín Moreno también sorprendió con dos anuncios en septiembre. En el uno, propuso a los gobiernos de Colombia y Perú pedir la organización conjunta del Mundial de Fútbol en 2030. Y el otro, en el ámbito local, crear la Universidad de la Policía y escuelas de formación de unidades especializadas de esa institución. Las instalaciones se construirían en Guayaquil, sobre un terreno de 21 hectáreas.