En abril de 2011, mediante decreto presidencial, se prohibió el porte de armas para la población civil ecuatoriana (con determinadas excepciones), como medida de prevención a la seguridad nacional. No obstante, un promedio de 13 armas de fuego -en su mayoría nacionales- son incautadas a diario, en alguna parte del país.

En 2016, la Policía Nacional confiscó un total de 4.850 armas de fuego, en operativos desplegados por diferentes hechos delictivos que evidenciaron el uso y tenencia ilegal.

Se trató, en un gran porcentaje, de armamento nacional y artesanal que no contaba con los respectivos permisos; algunos de los cuales fueron utilizados en 448 muertes violentas el año pasado.

Ante esa situación, las autoridades buscan tener un mayor control en el uso y tenencia de armas. El 28 de septiembre de 2016, el Ministerio de Defensa expidió el acuerdo ministerial 270, mediante el cual se señalan los requisitos para la obtención de autorizaciones, permisos y más servicios contemplados en la ‘Ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios y su reglamento’.

Dentro del documento, se fijó 180 días de plazo para el registro de armamento con declaración juramentada (permiso de tenencia), que vence este 26 de marzo.

Según el capitán de Fragata Rómulo Donoso, jefe de Control de Armas en Guayas, el plazo rige para las de fabricación nacional que se encuentran en condición de canceladas, a nivel nacional, para personas naturales y jurídicas o deportistas.

“Este plazo es para poder legalizar las que se encuentran canceladas y que no tengan los papeles de respaldo, es decir, la factura de compra, o el permiso anterior...”, explicó el oficial.

Dos años después de la prohibición de porte de estos artículos para civiles, también se prohibió la fabricación de armas nacionales, lo que conllevaría a que todos los permisos de esas no puedan ser renovados.

Pero qué pasará con aquellas que no logren el permiso respectivo, especialmente las que están en manos de empresas de seguridad privada.

“Esas armas de fabricación nacional a su debido tiempo van a ser tratadas en un tema muy explícito a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, manifestó Donoso.

Un tema que tiene que ver directamente con la empresa del Estado, Santa Bárbara, que asumiría la renovación o repotenciación de las que fueron hechas en el país para poder reemplazar a las que están en circulación.

Alba Rodríguez, representante de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Seguridad (Anesi) capítulo Guayas, recuerda que a finales de 2016, Santa Bárbara sacó a la venta 7.000 revólveres marca Taurus y Smith & Wesson calibre 38 repontenciados (reparados), que eran de la Policía Nacional a 298 dólares, cada una.

“Les dio la figura de permuta (intercambio), para que las empresas de seguridad puedan canjear revólveres viejos a cambio de repotenciados”.

No obstante de la buena intención, el número de armas en venta quedó corto para la demanda que existe en, al menos las 90 empresas de seguridad privada en Guayas, y que cuentan con aproximadamente 80.000 celadores, en su mayoría con armamento hecho en el país.

Un problema que, según Rodríguez, se agrava con la -prácticamente- nula importación, dado el cobro del 300 % del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) “que afecta a las empresas de seguridad para traer armas y municiones porque es muy alto”.

Una situación que muchas veces los lleva a acudir al ‘mercado negro’ para comprar especialmente municiones. Según Rodríguez, en Santa Bárbara, cada caja de 50 balas cuesta $ 140.