Un hoyo financiero que mina las arcas del IESS
Atención. Con un total de 760 unidades médicas propias, a diciembre de 2018 el IESS tenía 3’721.042 afiliados activos y 578.687 pensionistas.
El pasado 31 de enero, un fallo judicial concedió una acción de protección constitucional a favor de Olga Rivas, Mercedes Sánchez, Zenaida Quintana, Enrique Bolaños, Jesús Villacreses y Segundo Gamboa. Los seis, afiliados al IESS, adolecen de mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre sumamente agresivo.
La medida cautelar, propuesta en contra de las autoridades del Seguro Social y del Ministerio de Salud (MSP), obligaba a la entrega inmediata del fármaco lenalidomida (cápsulas de 25 miligramos) a los demandantes, en las dosis y frecuencias prescritas por los médicos tratantes del IESS y hasta que estos lo determinen. El medicamento, que tiene un costo promedio de 500 dólares por unidad, no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y solo es disponible para pacientes de enfermedades como el cáncer, previa una autorización del MSP, la máxima autoridad sanitaria del país.
El tratamiento de las patologías catastróficas, huérfanas y raras, reconocidas por el Estado como un problema de salud pública, representa uno de los grandes dolores de cabeza para el ente de seguridad social. Desde 2015, su Coordinación Nacional de Medicamentos acumula 70 casos judicializados por reclamos de fármacos. Así también, entre 2016 y 2018 la Defensoría del Pueblo registra 44 denuncias de grupos de pacientes que reclaman el acceso a ese tipo de medicación.
La facturación para esa clase de enfermedades representa un alto costo para el IESS. Un tratamiento anual para un paciente puede llegar a los $ 300.000, sostienen médicos de la entidad consultados por EXPRESO.
“El impacto de esas enfermedades realmente es bastante oneroso”, reconoce el doctor Francisco Ochoa, quien hasta febrero pasado fue director médico del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ese centro, según menciona, atiende mensualmente un promedio de 8.000 pacientes con enfermedades catastróficas y destina para ese rubro $ 50 millones en medicamentos, rehabilitación, servicio de especialidad, cirugía y terapia intensiva. “Esta cifra es un cuarto de nuestro presupuesto total, que es de $ 200 millones”, revela.
En los últimos 18 años, el IESS ha destinado 1.500 millones de dólares a la atención médica de enfermedades catastróficas. En promedio, cada año las unidades médicas de la entidad brindan 629 atenciones a pacientes con esas dolencias. Lo preocupante de la situación es que esa prestación, que es cubierta por el Fondo de Salud, se entrega sin el debido financiamiento.
Los recursos desembolsados forman parte de la deuda por contribución financiera obligatoria del Estado al IESS por prestaciones de salud, que aún se encuentra impaga. A 2016, el monto total por cobrar sumaba 2.527’819. 221,81 dólares, según un informe que la Contraloría presentó el año anterior.
La prestación de las enfermedades catastróficas le deja a la institución un hueco financiero que cada vez se agiganta. Esto, pese a que la misma Ley de Seguridad Social estableció desde su vigencia, en 2001, un financiamiento bajo la modalidad de un fondo solidario, con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución del Estado.
Para establecer el porcentaje de aportaciones era necesario un reglamento a la Ley de Seguridad Social, que debía ser aprobado por la Presidencia de la República. Ese documento no existe hasta ahora.
En 2015, el entonces presidente Rafael Correa, mediante un decreto ejecutivo, encargó al Ministerio de Salud la atención a las personas que adolezcan de males catastróficos hasta que se cree el fondo solidario.
“Hoy, los recursos salen de los mismos fondos de los afiliados. Hay una deuda acumulada por un servicio que sí lo da el IESS, pero que no lo recupera”, cuestionó César Rodríguez, vocal alterno del consejo directivo del ente, delegado por los empleadores, durante un foro efectuado recientemente en Guayaquil, donde varios expertos analizaron los nudos críticos de la seguridad social.
De los 2.124 millones que destinó el IESS a las prestaciones médicas para sus beneficiarios entre 2015 y 2017, el rubro de las enfermedades catastróficas le costó $ 520,4 millones, según cifras presentadas por Daniel Rodríguez, exdirector del Seguro General de Salud Individual y Familiar de la entidad.
Sostiene él que los ingresos corrientes, provenientes de las aportaciones, no son suficientes para mantener la operación de ese seguro, que es el que maneja los fondos para proteger al asegurado y su familia en las contingencias de salud.
“Al llegar al 2021, si se sigue la tendencia, el IESS va a tener saldos negativos”, alerta. Según sus números sobre una proyección de resultados financieros entre ingresos corrientes y gastos del seguro de salud, en ese año el Seguro tendría un saldo negativo de $ 245,2 millones.
“Estos datos hablan de un sistema de salud bastante ‘patojo’ en el IESS y hay que tomar decisiones. Si no, esto va a explotar en cualquier momento”, sostiene Rodríguez, quien plantea que el Seguro de Salud no puede brindar una cobertura ilimitada y que el fondo de enfermedades catastróficas debe ser estructurado.
Conscientes de la compleja e insostenible situación financiera, las autoridades del Seguro Social han anunciado cambios estructurales. El presidente del directorio, Paúl Granda, adelantó que “las decisiones que se tomen deben ser producto de un consenso nacional”.
Las medidas para garantizar la sostenibilidad del IESS y la cobertura a casi cinco millones de dependientes del Seguro General Obligatorio se adoptarían a mediados de 2019, según revelan a este Diario miembros del consejo directivo.
“No me entregan una medicina, pese a que un fallo los obliga”
En enero de 2018, al doctor Enrique Bolaños le confirmaron que un mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea) se había apoderado de su organismo, por lo que empezó a tratarse en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo.
Cuenta que el tratamiento consistió en la medicación de tres fármacos, pero que uno de estos produjo un efecto adverso en su sistema nervioso, lo que le provoca dolor y adormecimiento de sus piernas.
Después de un tratamiento de quimioterapia, Bolaños logró la remisión de la enfermedad y debía iniciar un tratamiento de mantenimiento de la mejoría que implica el suministro de 21 cápsulas de lenalidomida de 25 mg cada mes. Esa medicación tiene un costo de al menos $ 10.000 mensuales. “Los mismos médicos tratantes del IESS me dijeron que no puedo usar otro fármaco”, afirma.
Cuenta que el Seguro le negó el suministro de la medicina porque esta no consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Por ello, demandó junto a otros cinco pacientes, a través de la Defensoría del Pueblo, a la entidad para acceder al producto.
El 31 de enero pasado la Justicia falló a su favor y le dio al IESS un plazo que culmina este 14 de abril para suministrar el fármaco a los seis pacientes. “Han transcurrido más de dos meses y el fallo hasta ahora no ha sido acatado”, se lamenta el médico.
“Me niegan un fármaco que detiene mi enfermedad”
Afectado por un linfoma de Hodgkin, Colón Sánchez dejó su trabajo de encuestador en noviembre de 2018. La enfermedad, que consiste en la formación de células cancerosas en el sistema linfático, vino acompañada de una esclerosis nodular, que le afecta la columna vertebral.
Desde septiembre de 2017 se sometió a varios ciclos de quimioterapia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. “Antes del último tratamiento, los médicos me indicaron que yo requería Brentuximab Vedotin porque se dieron cuenta de que la quimioterapia no había resultado. Me dijeron que ese fármaco detiene la progresión de la enfermedad”, recuerda.
Esta droga tiene un costo de alrededor de $ 7.000 por unidad. Para su tratamiento de 336 días, Sánchez requiere un total de 48 ampollas, lo que implicaría un gasto de $ 336.000.
El pasado 1 de marzo el IESS respondió formalmente al paciente que “este medicamento no consta dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente y no está autorizado para su adquisición”. Sánchez tramita hoy una acción de protección para que el hospital le suministre el fármaco.
“Rechazan mi pedido por falta de estudios”
Carmen Chávez tiene 25 años y desde los 13 sufre los estragos de una dolencia que desembocó en una mezcla de tres enfermedades reumáticas: lupus eritematoso, esclerosis sistémica y artritis reumatoide. Vive en San Agustín, una comunidad rural del cantón Tosagua, en Manabí. Su madre, una aportante al Seguro Campesino, ha acompañado a la joven en su tratamiento, que inició en el hospital del IESS de Portoviejo.
Los dolores articulares y las inflamaciones le impiden llevar una vida normal. La artritis ha dejado secuelas y ha deformado los dedos de sus manos. La joven cuenta que los médicos encontraron que el tratamiento con tocilizumab ha sido el más eficaz para su raro caso, pero ese fármaco no figura en el cuadro básico de medicamentos y el IESS no se lo puede proveer. “Me dijeron que hay evidencias de que esta medicina es eficaz para la artritis reumatoide, pero no para lupus, que también padezco”, indica. Cada mes, ella debe aplicarse 440 miligramos de una solución inyectable que tiene un costo de 1.200 dólares. “Lo único que me queda es interponer una acción de protección para que el IESS me entregue la medicina”, afirma.
50 fármacos más en el CNMB
Abril de este año es el plazo previsto para que las autoridades sanitarias aprueben la inclusión de nuevos fármacos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) y su impacto en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El CNMB, que no se actualiza desde 2013, tiene registrados 787 medicamentos e insumos médicos. Según el Ministerio de Salud, 116 son para el tratamiento de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, lidera un pedido de su sector a la Presidencia de la República para que se traspasen los recursos que financien la inclusión de los nuevos medicamentos.
Según Carrasco, cerca de $ 200 millones anuales costaría la adquisición de aproximadamente 50 fármacos que entrarían al CNMB, entre ellos los indicados para el tratamiento de VIH, cáncer y otras patologías catastróficas.
Una alternativa más barata a las costosas medicinas para tratar el cáncer y otras enfermedades complejas, está en los llamados biosimilares, opinan expertos consultados.
En Ecuador, varios de estos productos ya forman parte del CNMB. “Son medicamentos que contienen una versión del principio activo de un medicamento biológico de referencia y son equivalentes en calidad, eficacia y seguridad”, sostiene Eduardo Cioppi, director regional de mAbxience, una de las empresas fabricantes.