Homicidios bajan en Ecuador, pero la violencia se redistribuye: un análisis profundo

La puerta no se cerró. Solo cambió de lugar. Ecuador arranca 2026 con una aparente buena noticia: los homicidios bajaron un 7,9 % en el primer bimestre. Son 1.427 asesinatos entre enero y febrero, frente a los 1.550 del mismo período de 2025, según estadísticas del Ministerio del Interior.

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Pero la cifra es engañosa. El país sigue viviendo el segundo inicio de año más violento de su historia, solo por detrás de 2025, el año récord. En las calles, la percepción no ha cambiado: en promedio, 24 personas son asesinadas cada día. La violencia no desaparece, se transforma.

La reducción nacional responde, en parte, a operativos militares y a la presión estatal en territorios históricamente violentos. Guayaquil, por ejemplo, registra una caída del 17,6 % en homicidios. Sin embargo, este descenso no implica una recuperación estructural de la seguridad.

El analista en seguridad y crimen organizado Fernando Camacho ha advertido en distintos estudios que las cifras agregadas pueden ocultar dinámicas territoriales más complejas. “La violencia no desaparece, se redistribuye”, alerta. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

¿Qué ocurre con la violencia en Quito?

Mientras la Costa muestra descensos relativos, la violencia comienza a escalar en zonas que históricamente se consideraban más seguras. Por ejemplo, Quito registra un incremento del 33,3 % en homicidios en el primer bimestre de 2026. El dato, más que estadístico, es simbólico porque marca la expansión de las economías criminales hacia nuevos territorios urbanos.

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Expertos en seguridad consultados coinciden en tres factores: desplazamiento de bandas tras presión militar en la Costa; expansión de economías ilegales (microtráfico, extorsión); y fragmentación de estructuras criminales, lo que genera violencia más dispersa.

Para el criminólogo ecuatoriano Manuel Durango, esto responde a un fenómeno regional: “Cuando se presiona un territorio, el crimen no se elimina, se adapta y se mueve”. El dato más revelador está en el detalle territorial. Aunque el promedio nacional baja, 61 cantones registran más homicidios que en 2025. 

Hay casos extremos: Montalvo (Los Ríos), más del 800 %; San Vicente (Manabí), más del 600 %; El Triunfo (Guayas), más del 500 %. Otros cantones, como Jaramijó, Ventanas o San Lorenzo, también presentan aumentos de entre el 300 % y 400 %. Esto evidencia un fenómeno clave: la violencia ya no está concentrada, sino atomizada.

Los territorios intervenidos no siempre coincide con los más violentos

Frente a esta crisis, el Gobierno ha sostenido una política de estado de excepción y toques de queda en cuatro provincias, que culminó ayer, 30 de marzo de 2026. Sin embargo, los propios datos cuestionan su efectividad: los territorios intervenidos no siempre coinciden con los más violentos ni con aquellos donde más crecen los homicidios. Para Durango, el problema es estructural: “El estado de excepción es una medida de contención, no una política de seguridad. Sirve para bajar picos, pero no transforma las causas”. Eso se evidencia en varios niveles.

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El primero es la fragmentación de las estructuras criminales. Las grandes organizaciones que antes concentraban poder y control han comenzado a dividirse en células más pequeñas, con menor jerarquía y mayor autonomía. Lejos de reducir la violencia, esta atomización ha provocado enfrentamientos constantes, disputas internas y conflictos localizados que elevan el riesgo para la población.

El segundo cambio es la diversificación del delito. El narcotráfico dejó de ser el único eje financiero. Hoy las bandas amplían su portafolio criminal: extorsiones a comercios y transporte, secuestros exprés y selectivos, explotación de minería ilegal y control territorial en barrios urbanos.

Estas actividades no solo generan ingresos paralelos, sino que permiten a las organizaciones mantener presencia permanente y someter a comunidades enteras mediante el miedo. El tercer desplazamiento es geográfico

La violencia ya no se concentra exclusivamente en los grandes puertos o ciudades más pobladas. El crimen se mueve hacia cantones intermedios y localidades que antes figuraban fuera del mapa del conflicto, donde la presencia estatal es más débil y la capacidad de reacción, limitada.

Finalmente está la profesionalización armada. Más del 90 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, muchas de ellas de alto calibre. Ese dato refleja no solo mayor acceso a armamento, sino una escalada en la letalidad y en la disposición de las bandas para imponer control.

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