Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, será finalmente juzgada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin, pese a los esfuerzos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para salvarla del banquillo. La Audiencia de Palma decidió ayer mantener a la infanta como acusada en el caso Nóos tras rechazar aplicar la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que impide juzgar a alguien por delito fiscal si solo actúa una acusación popular. La Casa del Rey expresó su “absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial”. En un hecho inédito para la realeza española, y en medio de la crisis política por la demora en la formación del Gobierno, Cristina ocupará a partir del 9 de febrero la silla número 18 (la última de todas) en el banquillo de los acusados del caso Nóos, la trama de desvío de fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y del Ayuntamiento de Madrid, caso en el que figura como principal imputado su esposo. Las tres magistradas de la Sección Primera de la Audiencia de Palma rechazaron los argumentos de la defensa de la infanta, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que el pasado 11 de enero, en el trámite de cuestiones previas, solicitaron que se la excluyera del juicio en virtud de la doctrina Botín. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicada por primera vez al fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín en 2007, establece que no se puede procesar a nadie por delito fiscal solo con la acción de una acusación popular. O lo que es lo mismo: sin que acusen la fiscalía o la abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considerada la perjudicada directa en los delitos contra la Hacienda Pública, no se puede abrir juicio por este tipo penal. El abogado de la infanta, Jesús María Silva, reforzado por el fiscal Pedro Horrach y la abogada del Estado Dolores Ripoll, pedían que se sacara del proceso a la infanta. Según ellos, el sindicato Manos Limpias, el único que ejerce la acusación popular contra la hija de Juan Carlos I, no está legitimado para llevarla a juicio. Pero el tribunal dio la razón a la acusación popular argumentando que el fraude fiscal no solo perjudica a la administración pública, sino al conjunto de ciudadanos. No pagar los impuestos “provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos”, señala el dictamen. Manos Limpias pide ocho años de prisión para Cristina de Borbón, a la que considera cooperadora necesaria de los delitos fiscales supuestamente cometidos por Urdangarin en 2007 y 2008 a través de la mercantil Aizoon, de la que la infanta posee el 50 % de las acciones. Cristina sostuvo desconocer esos negocios y confiar ciegamente en su marido El próximo 9 de febrero todos los procesados deben estar presentes durante las declaraciones de los coacusados, que se prolongarán hasta el día 27.