Presentación. Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) acompañaron a Rafael Estrella durante su exposición en el pleno de la Asamblea.

Otra herencia del correismo

El CNE quiere acabar con el método D’Hondt, que permitió la instalación de una aplanadora correísta. Las razones -científicas y políticas- sobran.

Fue la Asamblea que presidió Fernando Cordero la que, con la reforma electoral de febrero de 2012, consagró la injusticia en el sistema de representación política en el Ecuador. La utilización del método D’Hondt (un método de repartición de escaños parlamentarios que desfavorece la conformación de minorías) permitió al partido de gobierno alzarse con el 74 por ciento de los representantes en las elecciones de 2013, a pesar de haber obtenido apenas el 50,7 por ciento de los votos válidos. Hoy, el Consejo Nacional Electoral transitorio pretende acabar con esa herencia del correísmo. Su propuesta (que implica regresar al método de Webster) ya fue presentada a la Asamblea y, en caso de ser aprobada, se aplicará a partir de 2021.

El CNE busca respaldarse en el rigor científico. Para ello ha echado mano del trabajo académico de Rafael Estrella, un ingeniero de la Universidad de Cuenca, exdirector de Planificación de ese centro académico y experto matemático, quien el pasado jueves expuso su análisis ante el Pleno. Estrella es autor del libro ‘Webster vs. D’Hondt’, 205 páginas de análisis matemático puro, es decir, al margen de cualquier consideración política que no sea la de encontrar la fórmula que garantice la aplicación de un principio consagrado en la Constitución de la República: el principio de proporcionalidad en la representación.

Estrella analiza los resultados de las elecciones parlamentarias desde 2013, por cada distrito electoral; plantea simulaciones de distribución de escaños para cada caso en busca de la más proporcional; y encuentra que las distribuciones con mayor índice de desproporcionalidad son aquellas que utilizan, precisamente, el método D’Hondt. De hecho, llegó a contar hasta sesenta fórmulas de distribución que no corresponden a ningún método y que resultan más proporcionales.

Declarado inconstitucional en 2004 y desempolvado por el correísmo en 2012, el método D’Hondt es el responsable de aberraciones tan extremas como la que ocurrió en la provincia del Azuay en las elecciones de 2013 y que, junto con el de alguno de los distritos de la provincia de Manabí, constituye el mayor ejemplo de desproporción que ha logrado identificar Rafael Estrella. En Azuay, el correísmo obtuvo el 56 por ciento de los votos válidos y se llevó el 100 por ciento de los escaños en disputa: cinco en total. Si a este cómputo se añaden los votos blancos y nulos (considerados como “no válidos”) el resultado es cualquier cosa menos democrático: el 63 por ciento de los azuayos, es decir, una holgada mayoría de la población, no votó por el correísmo y se quedó sin representación política durante un período de cuatro años. Esto (y no la voluntad popular) explica la contundencia de la aplanadora correísta que arbitrariamente dirigió Gabriela Rivadeneira.

El método D’Hondt rige actualmente para la distribución de escaños provinciales. En cambio, para los nacionales (15 en total) se aplica el método Webster. Según Estrella, este es otro despropósito de la reforma electoral de 2012, pues la desproporción ocasionada por D’Hondt es menor mientras mayor sea el número de escaños por repartir. Es decir: lo lógico sería que funcionara al revés. Son los caprichos de la Asamblea del Corcho Cordero.

El método que presenta un menor índice de desproporción en la distribución de escaños es el de Hare, el más antiguo y elemental de todos. Sin embargo, Estrella lo desaconseja, pues es un método que produce numerosas paradojas (ampliamente demostradas en su libro) que afectan su credibilidad. Por eso recomienda la adopción del método de Webster que, según él, es el que mejor aplica todos los criterios de análisis que se requieren: proporcionalidad, consistencia, imparcialidad, homogeneidad, exactitud...

La propuesta está hecha. El tema tendrá que resolverse en el Pleno de la Asamblea luego de su discusión en la Comisión de Participación Ciudadana.