Guillermo Lasso: “Esto es una persecucion”

No era un acto judicial. Era político. El candidato opositor, Guillermo Lasso, arrastrado por representantes gubernamentales hacia el banquillo, a poco más de un mes de la inscripción de candidaturas por la presidencia, que traerían consigo inmunidad, ingresó a la Corte como se ingresa a un mitin: caravana, bandera, discurso y reclamo a viva voz.

Lo ha hecho consciente del efecto. Horas antes de la audiencia, el secretario nacional de Educación Superior y demandante, René Ramírez (y su esposa) quienes acusan a Lasso de haber perpetrado un daño a su honra, publicó una carta que denunciaba el intento de “politizar” una simple acción legal con pena de prisión de entre 15 y 30 días. Una sentencia cuyos efectos, según los asesores jurídicos del candidato, podrían derivar desde un fuerte, pero no demoledor mes perdido de campaña electoral hasta la imposibilidad de presentarse a las elecciones si cuenta con sentencia en firme o si es enviado a prisión, coincidencialmente, dentro del mes de plazo para inscribir personalmente las candidaturas.

El acto jurídico con evidentes consecuencias políticas ha sido entonces asumido por Lasso y su equipo como el arranque de la campaña. Eso explica el Lasso de ayer, a las afueras de la unidad judicial de Samborondón, donde es juzgado: “Esto es una persecución política”, atinó a vociferar ante una multitud de simpatizantes. Es una declaración política porque así lo conciben.

Los argumentos ante la prensa, los mismos que presentaron luego ante los tribunales en una primera fase del juicio que se extendió desde las 14:20 hasta la noche (esta edición se cerró a las 19:00), atribuían al gobierno de Rafael Correa una hipersensibilidad ante la crítica.

Lasso echó mano de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a los funcionarios públicos como “expuestos al escrutinio público” y criticó a Ramírez por iniciar un proceso en su contra, luego de denunciar el cobro de “doble sueldo” de su esposa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en base a documentos públicos. “Este juicio motivaría acciones contra cualquier opositor que haga acusaciones al oficialismo”, aseguró.

Tras el discurso, acompañado de su familia y asesores legales, cruzó las puertas blindadas por policías que separan a los ciudadanos de las audiencias públicas para sentarse cara a cara con los abogados personales del presidente Correa que, en este caso, defienden a Ramírez y su pareja.

El proceso se antojaba complejo: más de una decena de testigos, cuatro de Lasso y siete de Ramírez, que iban desde funcionarios públicos hasta los periodistas autores de la investigación que denunció el caso.

Fuera, en mitad del acto político, la militancia de Lasso se entretenía con consignas; mientras el equipo jurídico volvía al calendario para calcular los plazos de una posible apelación: “Esta es una sentencia anunciada”, dijo uno de ellos.