Hace siete meses, cientos de personas privadas de la libertad (PPL) vieron la llave para salir de las rejas. Un dispositivo electrónico se vislumbró como la opción para una libertad controlada en aquellos sentenciados por delitos menores o con el cumplimiento del 60 al 80 por ciento de su condena. Una alternativa que, como en el caso de Darwin Corozo Camacho (más conocido como Negro Jessi) la obtuvo, pero para seguir delinquiendo. Fue implicado en el tiroteo en la bahía de Guayaquil, hecho que dejó tres muertos y 7 heridos.

Desde el 19 de abril, decenas de convictos cumplen la pena afuera del reclusorio sin mayor problema. Sin embargo, entre el 27 de agosto al 9 de noviembre del presente año, cuatro personas con libertad condicional regresaron a prisión para terminar la condena y enfrentar nuevos cargos. Utilizaban dispositivos electrónicos en sus tobillos, pero fueron detenidos nuevamente por tenencia de droga, presunto asesinato y robo.

¿Qué falló? ¿No hubo un buen control? ¿Se evalúa bien a quienes se benefician de la prelibertad? ¿A qué se enfrenta una persona que sale de la cárcel? ¿Encuentra empleo? ¿Tiene oportunidades? Son las preguntas que saltan cuando cae preso un beneficiado por el sistema de vigilancia electrónica.

Según el proyecto calificado como emblemático ‘Implementación de dispositivo de geoposicionamiento electrónico en el sistema de ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal’, publicado en el Registro Oficial del 20 de octubre de 2016, para la identificación del problema se consideraron los intereses, necesidades, problemas específicos y demandas de las PPL.

Fue dirigido a quienes se les ha concedido un régimen de prelibertad o libertad controlada, los beneficiarios de medidas de seguridad pospenitenciaria, de alta peligrosidad, a los de arresto domiciliario, los que cumplen prisión preventiva en los Centros de Detención Provisional (CDP) o se encuentran en situación irregular y se hallan internos hasta su regularización y los beneficiarios del programa de Atención a Víctimas y Testigos (Fiscalía).

Para entonces (agosto de 2014) la población penitenciaria que se podía beneficiar del dispositivo bordeaba los 22.673 presos y procesados, 3.438 de ellos con sentencia cumplida en un 60 al 80 por ciento. Tras el análisis de cada caso, se consideró como demanda efectiva a 5.654 PPL.

Hasta el 30 de noviembre de ese año, 575 se beneficiaban del régimen de prelibertad y otros 358 de libertad controlada, en todo el país.

En abril de este año, el Ministerio de Justicia habilitó 4.000 brazaletes electrónicos para beneficio de varios grupos de PPL y procesados. Hasta septiembre, se habían habilitado 488 tobilleras electrónicas de geoposicionamiento, a escala nacional.

La implementación no solo era parte del “compromiso de garantizar los derechos de los privados de libertad en los centros de rehabilitación social”, sino, además, para solucionar una sobrepoblación carcelaria que, en agosto de 2014 era del 40 %; actualmente llega al 42,84 %. Con la aplicación del sistema electrónico se buscaba bajar ese hacinamiento al 13,46 %, en 2017. Además, de un ahorro al Estado de 23 millones de dólares. Según la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, la inversión fue de $ 10 millones.

Se dejaba de gastar en manutención, seguridad, alimentación y rehabilitación de los beneficiarios, además de los policías que custodiaban en los arrestos domiciliarios. Por cada PPL se invierte 6,32 dólares diarios. Por cada arresto domiciliario se invertía entre 910 y 2.184 dólares en sueldo del uniformado, según el proyecto emblemático.

Pero la colocación del grillete está en manos de los jueces de Garantías Penitenciarias quienes, luego de una valoración, disponen la medida.

“Lo reprochable es que algunos ciudadanos, que en buena hora son pocos, hacen mal uso de este dispositivo... se ven involucrados en actos delincuenciales”, señala el general Marcelo Tobar, comandante de la Zona 8 de la Policía.

Tras las últimas detenciones ha coordinado con el Ministerio de Justicia para conocer la restricción geográfica para el uso del mecanismo electrónico. “Ya se han hecho recomendaciones”, enfatizó.

Gina Godoy, coordinadora zonal de Justicia, aclara que el dispositivo es de geoposicionamiento, de ubicación geográfica -es decir- dónde está el infractor. “No de qué está haciendo, lo que implicaría una cámara, recurso que no contempla el aparato”.

Un monitoreo en tiempo real para lo cual se utilizan equipos con tecnología GPS que reportan la posición de la PPL al centro de monitoreo (ECU-911), mediante cualquier medio de comunicación telefónica: celular o telefonía convencional.

Dependiendo de la disposición judicial, el beneficiado tiene un rango de movilización. Los que cumplen arresto domiciliario no podrán salir de la casa, mientras que otros tienen prohibido alejarse del barrio, la ciudad o la provincia. En todos los casos, no pueden ingresar a los aeropuertos o terminales terrestres. Una información que, al parecer, no ha sido proporcionada a la Policía. En los cuatro casos desconocían cuál era el rango de movilización del beneficiado.

Exhaustiva investigación y ponderación de casos

Aunque no son muchos los casos de quienes han perdido el beneficio de la libertad controlada, los que han vuelto a delinquir evidencian una falta de rehabilitación que los reinserte a la sociedad.

El criminólogo y catedrático universitario, René Astudillo, considera que a veces los funcionarios encargados de valorar la salida de la PPL no analizan ni hacen una exhaustiva investigación previo a otorgar el beneficio.

“Hay trabajadores sociales, psicólogos que verifican el domicilio, lugar de trabajo. Contrastan certificados porque hay personas que se ponen en garantía; como por ejemplo, el padre de familia, garantías pecuniarias”, detalla el experto. A su juicio, muchas veces la ley no es la mala, sino los funcionarios “que dan alegremente la prelibertad”.

De allí que cree que quienes tienen ese trabajo deben ser exhaustivos en cada caso y que los jueces penitenciarios, con su sana crítica, ponderen entre los derechos que tiene el procesado y los ciudadanos que “necesitamos vivir bajo una tutela efectiva y una garantía que el Estado nos debe dar, que es el bien jurídico: que no nos roben, no nos maten”.

Gina Godoy manifiesta que esos casos en particular deben ser analizados en su conjunto. Que “la sociedad vea a los privados de libertad como a cualquier otro ciudadano... nuestros prejuicios siguen siendo el referente. No confían ni le dan la oportunidad a una persona que estuvo sentenciada o que registra un ingreso a los centros de rehabilitación”, donde las PPL reciben un proceso de capacitación, educación y planes de trabajo, para que se conviertan en las nuevas fuentes de ingreso de ellos, dice Godoy.