Granda: La culpa es de otros

“¡Qué manera de perder el tiempo!”. A la salida de la sesión, el socialcristiano Henry Cucalón resumía así, con sinceridad, el sentir de muchos asambleístas. Demasiadas incógnitas sin aclarar y demasiados motivos nuevos para el escándalo quedaron tras las comparecencias de varias autoridades que fueron llamadas a rendir cuentas sobre la fuga de Fernando Alvarado ante el Pleno de la Asamblea. Especialmente Paúl Granda, ministro de Justicia y protagonista inequívoco de la jornada, agobió a los legisladores con su infatigable capacidad para hablar en círculos, volver obstinadamente una y otra vez al mismo punto y eludir la mayoría de preguntas.

Caía la noche y los asambleístas que, arrastrando los pies, abandonaban el recinto parlamentario, iban expresando uno por uno su descontento. Desde Cucalón hasta la correísta Marcela Aguiñaga, pasando por Guillermo Celi (SUMA) y Luis Pachala (CREO), todos deslizaron casi inadvertidamente las palabras mágicas: “juicio político”. Porque lo único claro al final de la tediosa jornada es lo que desde un principio se sabía: Alvarado se fugó y nadie da la cara.

El fiscal Paúl Pérez Reina habló primero y aportó revelaciones. Trazó la cronología del comportamiento de la pulsera de vigilancia electrónica que se le impuso al exsecretario de Comunicación el pasado 9 de agosto. Desde esa fecha hasta el 28 de septiembre, dijo, no reportó mayores novedades. Eso incluye todo el período en que la exministra de Justicia Rosana Alvarado estuvo a cargo, lo cual le facilitó las cosas cuando le tocó el turno de intervenir. Entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre, el aparato de marras enloqueció. En esos 15 días hubo un total de 245 alertas de las que el fiscal denominó “de pulsera quitada”. Es decir que Alvarado se retiró el dispositivo o intentó hacerlo. “Ninguna de esas alertas -dijo el fiscal- fueron notificadas a la Fiscalía ni al juzgador”.

Lo que ocurrió después no es menos raro. Desde el 13 hasta el 20 de octubre, día de la fuga, “no se generó ninguna actividad”. Al extremo que pudo pensarse que “el dispositivo estuvo posiblemente apagado”. Pero no. Hubo siete alarmas de batería baja y se registraron movimientos. Extraños, porque el patrón de desplazamiento del portador por la ciudad de Guayaquil (que hasta la fecha entraba y salía del domicilio de Alvarado) cambió completamente. Posible indicador, dijo el fiscal, de que el portador era otro.

Pero lo escandaloso no es todo esto. Lo escandaloso es que el ministro Granda (que habló al último y ocupó la mayor parte de la jornada) se enteró de todas estas alarmas y extraños movimientos, recién, el 20 de octubre. Él sostiene que ninguna alarma le fue reportada. Otra manera de decirlo es que, hasta que recibió la alegre despedida de Alvarado por WhatsApp, no se preocupó por averiguar la suerte de aquel cuyo monitoreo era responsabilidad política suya. Él mismo lo dijo, claro que con otras palabras. Esa noche, cuando con Alvarado ya fugado se puso a revisar sus movimientos, se enteró de las 245 alarmas “de pulsera quitada” y se sorprendió.

“¿Qué quiere decir pulsera quitada?”, preguntó. Le explicaron. Solo entonces empezó a prodigar “acciones inmediatas”. Requerimientos de información inmediatos. Informes inmediatos. Investigaciones inmediatas. “Inmediato” fue la palabra más repetida por el ministro en su comparecencia. La decía con enjundia, machacando cada sílaba: “In-me-dia-to”. Y en la pantalla gigante proyectó la cronología de acciones emprendidas entre el 20 y el 24 de octubre para dar con el paradero del fugado y establecer responsabilidades. Todas ellas inmediatas.

Luego, en la interminable ronda de preguntas (la mayoría de las cuales quedó sin responder) quedó claro que el Ministerio de Justicia estaba perfectamente enterado de los desperfectos en el sistema de monitoreo, los pedidos a los jueces para que no dispusieran su uso hasta no garantizar su efectividad, los problemas de conectividad, las incertidumbres con respecto al contrato con la empresa de telefonía celular que ofrecía la plataforma para el monitoreo. Granda sorteó estas cuestiones como si no fueran de su competencia. Él siguió, como ya viene haciendo desde el sábado, escudándose en sus subordinados. Él nomás se sentó a esperar que le avisen si sonaban las alarmas. Y no le avisaron.

Exministra

Zúñiga, la gran ausente

Ledy Zúñiga, la ministra de Justicia del correísmo responsable del contrato (observado por la Contraloría) de compra de brazaletes electrónicos, firmado en agosto de 2016, era una de las exautoridades que debía comparecer ayer. Se excusó por escrito. Que no tiene a la mano los documentos para ejercer su derecho a la defensa, dijo. Raro. Nadie la ha acusado de nada.