Si Ecuador se enfrentaba a la tormenta económica perfecta, ahora debe sumarle un terremoto que ha devastado la Costa norte ecuatoriana. Y eso, no solo es una tragedia humana, sino que tiene un costo muy alto. Por un lado, hay que atender a los heridos, restablecer los servicios básicos y recuperar las zonas derrumbadas. Pero después, pasados unos meses, comienza la tarea de reconstrucción, la que devuelve a los ciudadanos sus hospitales, escuelas, carreteras, supermercados; la que les devuelve la cotidianidad. Y en eso, ni el Gobierno sabe aún si va a necesitar cientos o miles de millones.

Lo que está claro es que no va a ser fácil. La economía, ya deprimida por casi dos años de un precio del petróleo insuficiente para cubrir los gastos, con un estancamiento oficial del crecimiento del PIB (0,3 % en 2015 y previsión similar para 2016) y con un augurio de contracción del -4,5 % para este año, según el Fondo Monetario Internacional, tendrá que resistir el golpe del terremoto.

Según el analista y expresidente de la Federación de Economistas del Ecuador, Jorge Rodríguez, los costos exactos que deja el fenómeno natural podrán contabilizarse en dos o tres meses. Él recuerda que en 1987, por ejemplo, el terremoto tuvo un saldo cercano a los 1.500 millones de dólares.

A los costos de la reconstrucción habrá que sumar la merma de la producción o los gastos de la interrupción de operaciones de la Refinería de Esmeraldas o por la falta de servicios básicos. La disminución de las ventas en el sector privado y el desánimo en general de los ciudadanos.

El trabajo que pueda nacer de los escombros, el de la construcción de casas, el del transporte de mercancías, el de las carreteras, no será suficiente para compensar con “lo mucho que no se podrá hacer de lo presupuestado”, de acuerdo con el análisis del ex ministro de Economía, Fausto Ortiz. “Un terremoto es siempre un golpe difícil de asumir, ya sea en una época de bonanza o en una de crisis, pero desde luego que Ecuador podría afrontar esta situación mucho mejor si tuviera un fondo de contingencia, si hubiera reservas”, añadió.

Recurrir a la ayuda internacional, a los 300 millones que se movilizarán en emergencia y a los 600 que ponen a disposición del país los organismos multilaterales como el BID o la CAF son un bálsamo para los momentos de urgencia. Lo difícil viene después. Y es necesario buscar alternativas.

El líder de CREO, Guillermo Lasso, plantea un fideicomiso con fondos privados que sea administrado por la sociedad civil. Mediante una ley urgente, resaltó, se deben solicitar recursos de empresarios y banqueros. El objetivo es financiar la reconstrucción de viviendas.

La ayuda, detalló, se entregaría a personas que tengan ingresos inferiores a los 500 dólares para casas de hasta $ 5.000.

El asambleísta independiente Ramiro Aguilar, también propone un cambio legal: crear un impuesto “único para la reconstrucción de casas de los damnificados y vías”. No adelantó detalles de la propuesta.

Una tercera vía es una sugerencia pensada por el Banco Mundial (BM) y ejecutada por México, en tre 2009 y 2010, en la que plantea la implementación de un “Multi Catbond”. Inversores de todo el mundo ingresan sus recursos en una cuenta manejada por el BM. Si en un tiempo predeterminado no hay emergencia, los inversores recuperan el dinero con intereses adicionales. Si ocurre un desastre, el dinero es desembolsado al momento.