Por un lado con el pie en el freno y por el otro en el acelerador. El Gobierno delinea los primeros aspectos de su plan de intervención de las cárceles sin aún contar con la lista completa de los fallecidos, heridos e ilesos del amotinamiento del pasado martes.

Ayer en una rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, enlistó algunos de los puntos generales, entre los que se contempla el trámite de 2.000 indultos a nivel nacional para, de alguna forma, aplacar el hacinamiento carcelario, que supera el 55 % en todo el país y el 62 % solo en la Penitenciaría del Litoral.

De este recurso legal serán beneficiadas las personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y con enfermedades terminales. “Lo puede otorgar el presidente o la Asamblea Nacional”, explicó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien precisó que este beneficio implica una situación de carácter humanitario y que será otorgado siguiendo el proceso regular.

Mientras en Carondelet ya se hablaba de indultos, al coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil seguían llegando personas angustiadas en busca de información sobre sus parientes. Lo mismo en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral y en el Laboratorio Forense de la Policía Judicial.

El plan gubernamental también contempla enfocarse en el control total de la Penitenciaría, donde se produjo el amotinamiento que dejó 118 privados de la libertad muertos, 79 heridos y 36 personas hospitalizadas. Para ello, se incluirá en las prácticas de seguridad el escáner de carga, para evitar el ingreso de contrabando de armas a la cárcel de Guayaquil y de otras ciudades.

Además, se trabajará en la rehabilitación del complejo carcelario del Puerto Principal, así como de otras ciudades. Según Garzón, el Ministerio de Finanzas realizó un primer desembolso de recursos que están siendo utilizados en el Complejo Penitenciario de Cotopaxi. Unos 12 millones de dólares serán para la Penitenciaría de Guayaquil. De 3 a 5 millones de dólares se destinarán a obras en la infraestructura, cuya primera fase, estima Garzón, estará terminada en el mes de diciembre.

Dentro del plan delineado por Garzón está también dividir y redistribuir a los privados de la libertad en los diferentes pabellones, para evitar hechos violentos. También, repatriar a privados de la libertad a sus países de origen. Ochenta y dos casos están en proceso.

La ministra Vela informó que 3.600 efectivos, entre policías y militares, están distribuidos en los centros penitenciarios de todo el país, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad interna en el marco del estado de excepción carcelario.

Además detalló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad toma medidas para que los listados de personas fallecidas, heridas e ilesas sean conocidos lo antes posible por los familiares. Para ello pidió la colaboración de los medios de comunicación para su difusión.

El ente de Rehabilitación, con delegado     

Cuatro meses, dos matanzas carcelarias y dos estados de excepción después, el presidente Guillermo Lasso nombra a su delegada ante el Organismo Técnico de Rehabilitación Social. Es Bernarda Ordóñez, la actual secretaria de Derechos Humanos. Al ser consultada sobre la razón por la que el régimen se tomó tanto tiempo para nombrar a su delegada, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, respondió que la actual administración tiene cuatro meses en funciones. Además se hizo un análisis completo de la estructura institucional plasmada en la ley, del traslado de varias competencias del extinto Ministerio de Justicia y otros a la Secretaría de Derechos Humanos y demás instituciones. Luego de eso, se decidió designar a Ordóñez.