El escándalo de los abusos sexuales en centros educativos movilizó a todos los poderes del Estado. Ayer, en una reunión convocada por el Ejecutivo en Carondelet, se constituyó una “mesa de trabajo” integrada por los ministros de Educación, Fánder Falconí, y del Interior, César Navas; el titular de la Senescyt, Augusto Barrera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el presidente del Legislativo, José Serrano, y la asambleísta Silvia Salgado, que preside la comisión parlamentaria Aampetra, conformada para investigar el problema. Su tarea es clara: poner orden en el caos institucional creado durante la gestión de Augusto Espinosa como ministro de Educación.

“Indudablemente ha habido negligencia”, pasó al ataque Fánder Falconí. En declaraciones ofrecidas en el vestíbulo del Palacio de Gobierno, luego de la reunión, él responsabilizó a las autoridades del sistema educativo que lo precedieron, desde los departamentos de consejería estudiantil y los rectores de los colegios hasta el ministro, pasando por los directores distritales, de lo que calificó como “una cadena de omisiones negligentes”.

Espinosa fue el gran fantasma de la reunión de ayer. No se lo mencionó ni se analizó su caso, pero las 4 mil denuncias de abuso sexual que citó Gustavo Jalkh, así como los 918 casos en investigación (la mayoría no judicializados) de los que habló Falconí, provienen de su periodo a cargo del ministerio.

Espinosa afronta un pedido de juicio político que la asambleísta Jeannine Cruz (CREO) presentó en su contra y se encuentra en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL). José Serrano, que lo preside, salió ayer de Carondelet provisto de suficientes insumos para enriquecer el debate en la Asamblea. No hizo declaraciones al respecto ni se dejó ver por los periodistas que lo esperaban.

Las explicaciones corrieron por cuenta de Jalkh, Falconí y Silvia Salgado. Bastaba con escucharlos hablar de las acciones urgentes que el Gobierno debe emprender frente a los casos de abuso para comprender todo lo que no se ha hecho: las “omisiones negligentes”.

Que es necesario contar con una verdadera política de Estado en esta materia, dijo Jalkh: es decir que no hay ninguna. Que ante cada caso hay que comenzar a aplicar los protocolos de protección y reparación que ya fueron diseñados, explicó Falconí: es decir que hasta el momento no han sido aplicados. Que hace falta regularizar, mediante concurso, a las autoridades provisionales de los centros educativos, que suman el 50 por ciento del sistema, apuntó Silvia Salgado: es decir que la mitad de rectores de la era Espinosa no cumple con los requisitos o carece de nombramientos formales. El exministro lo negaba y hoy la mesa de trabajo del Gobierno lo confirma.

Judicializar los casos de abuso sexual y llevar a los responsables a los tribunales; separar del sistema educativo a los docentes implicados; aplicar sanciones; hacer un riguroso seguimiento de cada caso; impedir (y esto puede requerir una reforma legal) que las denuncias caduquen por negligencia administrativa; aplicar pruebas sicométricas a los aspirantes a la docencia; contar con un sistema de información transparente; elaborar un diagnóstico exhaustivo del problema... Todo lo que la mesa de trabajo interinstitucional constituida ayer en Carondelet se propone hacer a partir de este momento es exactamente lo que Espinosa no hizo en los últimos cuatro años.

El objetivo, dijo Silvia Salgado, quien también habló de omisiones, falencias y negligencias, es “recuperar la confianza en el sistema educativo”. Para el buen entendedor queda claro que, al cabo de diez años de correísmo, esa confianza se ha perdido.

Lección para la Asamblea

Primera recomendación de la mesa interinstitucional contra el abuso sexual en los colegios: manejar simultánea y no consecutivamente los procesos penal (en el sistema judicial) y administrativo (en el sistema de educación) contra los agresores. Una lección para la Asamblea, donde los procesos políticos se detienen “hasta que la justicia se pronuncie”.