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Gabriel Martínez: “Tendríamos que dejar pasar crímenes para evitar la violencia”

Quinto ministro de Gobierno de Lenín Moreno y delegado del presidente para presidir el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, tras la renuncia del general retirado Patricio Pazmiño.

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Fue también ministro de Obras Públicas entre agosto de 2019 y marzo de 2021.Alex Lima / EXPRESO

A una semana de que acabe el período de Lenín Moreno, el ministro de Gobierno conversa con EXPRESO sobre la gestión política y la de seguridad tras los constantes crímenes violentos suscitados en los últimos días, especialmente en Guayaquil. El país registra uno de los índices de violencia más altos de los últimos años.

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- En la reunión de transición usted dijo que se habían abordado alertas políticas. ¿Cuáles son y qué es lo que se le dijo al gobierno entrante?

- Se le comentó que todavía hay expectativa por parte de los transportistas por la situación del diésel, cosa que estamos solucionando con el transporte de carga pesada. Sí recomendamos seguir impulsando algunos pedidos de ellos, principalmente relacionados a líneas de crédito y de reducción de aranceles en las partidas del sector automotriz. Otro tema fue la relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que han tenido algún nivel de discordancia con nosotros por las asignaciones mensuales. Se hizo el cálculo de acuerdo con lo que ordena la ley y si los ingresos del Estado se han reducido, entonces las asignaciones que corresponden a esos ingresos también se reducen.

- ¿El movimiento indígena también está dentro de estas alertas políticas? Teniendo en cuenta lo que sucedió en octubre de 2019 y que ya han anunciado movilizaciones por el alza del precio del pasaje.

- Claro que está dentro de las alertas, pero obviamente hay que entender que son una organización autónoma y nosotros respetamos eso, pero es algo que hay que tener en cuenta porque ya se han manifestado contrarios a algunas últimas decisiones y también han manifestado su posición de hacer manifestaciones contrarias a esta medida.

- ¿Quiénes del equipo del presidente electo estuvieron con usted en esa reunión?

- No puedo revelar eso porque es parte de lo que debe de indicar el gobierno entrante. Vino la persona que tentativamente ocuparía la cartera de Gobierno, en compañía de cinco asesores de él a los que se les dio la información.

El movimiento indígena está dentro de las alertas políticas que hemos dado al nuevo gobierno para que tenga en cuenta.

- ¿Hay algún listado de leyes que hayan presentado al gobierno entrante para que las tengan en cuenta?

- Se ha trabajado mucho en una ley de la Policía para que regule los aspectos independientemente del Coescop. Está la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y está la Ley de Emergencia Sanitaria que también presentó el Ejecutivo. Hay también una cantidad de leyes que la Asamblea viene tramitando y que se han quedado para la sanción, para el veto total o para el veto parcial por parte del Ejecutivo, entre ellas la Ley de Tránsito, la Ley de Violencia Digital. Vamos a analizar si es que corresponde dejarlas resueltas o no.

- ¿Estaban conscientes de que el Decreto 1313, que hace una reforma al reglamento de concesión de indultos, podría estar beneficiando a personas sentenciadas por corrupción?

- Nosotros no vamos a dar ningún tipo de indulto en casos políticos, eso está claro. Todos son casos humanitarios, en los que las penas son excesivas para un delito cometido. No debe existir alarma porque estos indultos se dan en situaciones sanitarias particulares. Podemos decir con seguridad que ningún indulto a cargo político se va a dar hasta el fin del gobierno del presidente Moreno.

Media hora después de esta entrevista, el presidente Lenín Moreno derogó el Decreto Ejecutivo 1313.

- En seguridad, Ecuador pasó de 5,7 a 7,7 en índice de muertes violentas en cuatro años. ¿A qué atribuye eso?

- El 2020 fue un año atípico, en el que pasamos muchísimos meses confinados y eso redujo las actividades delincuenciales. Aquí hay un rompimiento claro de un status quo. En el 2020 la policía incautó 60 % más de sustancias sujetas a fiscalización que en 2019. Eso representa un golpe importante hacia esta actividad y esto genera violencia entre bandas. La muerte de Rasquiña generó un vacío de poder y una lucha entre bandas para poder dar servicio al narcotráfico. Creo que esto se debe a que el país tiene una posición clara de lucha contra el narcotráfico y esto genera rivalidades mayores. La productividad de la Policía es alta, pero aún siguen siendo permeables nuestras fronteras. Y mientras no tengamos mayor capacidad de control en ellas, vamos a tener inconvenientes.

- ¿Es decir que no es posible luchar contra el narcotráfico y disminuir la violencia?

- Esas son cosas inevitables. Sería fabuloso tener una fórmula que permita lo que usted dice, pero en la práctica es diferente. Y a veces la expectativa no se ajusta a la realidad. Y la realidad es que nosotros estamos tocando un negocio multimillonario, estamos luchando contra una industria que se maneja a través de la violencia, que gana terreno a través de la violencia y que tiene recursos para ejercer esa violencia. Pretender que se solucionen los problemas o que se combata al narcotráfico y no tener un efecto no es posible. Cuando hay un status quo, no hay violencia. Entonces tendríamos que dejar pasar crímenes para evitar tener esta situación. Creo que el país tiene que enfrentar los problemas, no amilanarse o mirar hacia otro lado.

- Especialistas dicen que el gobierno no tiene control de las cárceles, sino que ahí mandan las bandas...

- Hay que entender que hay un hacinamiento del 30 %, problemas de falta de tecnología, de falta de personal, que lamentablemente el tiempo en el que yo he estado en el ministerio no es suficiente para arreglar problemas tan estructurales; pero sí dejamos algunas cosas resueltas, como tener un contingente policial cerca para activarse cuando se presenten situaciones. Se ha trabajado en una política de rehabilitación que permita que las personas no salgan a delinquir más.

Estamos tocando a un negocio multimillonario y luchando contra una industria que se maneja a través de la violencia.

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- Parecen ser los mismos problemas de 2017. ¿Qué hicieron sus antecesores?

- Habría que ver en qué trabajaron ellos. Creo que la limitación de recursos también ha sido un factor que ha impedido que muchísimas mejoras se puedan realizar. No solo el presupuesto del 2020 se vio fuertemente golpeado por el tema de la crisis sanitaria y económica. El de 2021 lo mismo, hubo una gran falta de liquidez. Pero se han incorporado 10.000 efectivos y estamos dejando un proyecto de 100 UPC a nivel nacional que van a estar ubicadas en los barrios más peligrosos.

- ¿Pero qué encontró al llegar? ¿Ha tenido que hacer grandes reformas en este tiempo?

- El sistema necesitaba una política de rehabilitación. Eso estaba pendiente y la vamos a entregar la próxima semana. No podemos decir que hemos resuelto los problemas. Hemos estado trabajando para las soluciones de corto y largo plazo, pero pretender solucionar un problema tan complejo como es el carcelario en pocos meses de gestión es simplemente irreal.