Desde hace ocho días, el cemento ecuatoriano no puede ingresar a Colombia. La Dirección Seccional de Impuesto y Aduana de Ipiales (DIAN) ha prohibido su paso por la frontera sur, amparándose en una resolución del 2015 que trata de impedir que esta materia prima sea utilizada para la refinación y producción de drogas. Los exportadores ecuatorianos rechazan la medida y la relacionan con el inicio de una retaliación a la restricción de importaciones que Ecuador viene anunciando desde hace meses y que empezó a aplicar el lunes pasado.

La DIAN les da la opción a los comerciantes de transportar su producto vía aérea o marítima, pero son alternativas que no se contemplan por los altos costos en los que se incurre. Enviar por avión no convendría por el peso del cemento. Y por mar “tampoco sería una buena opción porque tendríamos que ir hacia al norte, a Buenaventura, para de ahí bajar hasta Nariño”, dice un representante de Cementos del Sur, una de las comercializadoras del país, que la semana pasada no pudo ingresar 576 toneladas a ese mercado.

En el país existen tres grandes productoras de cemento: Holcim, Selva Alegre y Ucem (la compañía mixta que fusionó la labor de Industrias Guapán S. A. y Cementos Chimborazo). El año pasado, este sector llegó a exportar $ 13,8 millones, siendo Colombia su único destino.

Aplicar esta medida, dice Marco González, jefe de exportaciones de Amazon Service, distribuidora de Selva Alegre, es sacar al sector exportador de ese mercado. González cree que esta reacción de Colombia es motivada por las restricciones al producto importado que Ecuador viene anunciando y que empezó a ejecutar el lunes pasado, aplicando una tasa de $ 0,10 para luchar contra el contrabando.

“Eso es lo que se nos dice cuando uno pide explicaciones a la gente de la Aduana colombiana. Es algo que genera mucha preocupación y no solo en nuestro sector. En frontera, por estos días, se rumora mucho de que una restricción parecida se aplicará también a la madera ecuatoriana”.

La entrada en vigencia de la tasa de $ 0,10 ya ha generado reacciones directas de la Cámara de Comercio de Lima (Perú) y de otros socios comerciales de mayor relevancia como Estados Unidos y Europa, que han pedido al Gobierno de Ecuador justificar esta tasa que podría atentar contra sus ventas.

Eduardo Egas, exministro de Industrias y hoy presidente de Corpei, cree que podría ser muy temprano pensar en que se trata de una retaliación “por la inmediatez con la que estaría actuando el vecino país”. Sin embargo, no descarta que la política ecuatoriana genere una respuesta parecida.

Egas recuerda que el acuerdo de la Comunidad Andina contempla una apertura de fronteras, que pueden cerrarse cuando algún país alega razones valederas. “No son medidas que se toman unilateralmente. Esto es algo que debe notificarse previamente y lo que en este caso ha faltado”.

Los comerciantes mencionan que la decisión de Colombia no consta en resolución alguna y que ha sido difundida mediante correo electrónico. Esto ha originado un problema, dice González, que no solo impacta a la industria del cemento, sino al sector de transporte pesado. “Si esto continúa, las pérdidas de este sector se elevarían a los 630.000 dólares por año por los 1.800 viajes que hacen solo por transportar este producto. La movilización de cemento prácticamente era uno de los pocos productos que eran sostenibles, que se habían mantenido a lo largo del tiempo en la frontera”.