La flexibilidad laboral genera criticas entre empresarios, trabajadores y el oficialismo

El beneficio no convence. Empresarios y trabajadores cuestionan el alcance de la flexibilización laboral que plantea el proyecto de Ley de Optimización del Empleo que se discute en la Asamblea. Incluso en el oficialismo hay observaciones a la propuesta de Carondelet.

Para el sector privado, por ejemplo, la reducción a seis horas sería un paso de los muchos que se deben dar para preservar el empleo. Los empresarios se preguntan por qué se fijó en dos horas la reducción diaria cuando, inicialmente, se habló de cuatro, es decir el 50 % menos de la jornada habitual.

Para Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, lo ideal es que ninguna empresa solicite la reducción porque representa un problema financiero fuerte. Él dijo a EXPRESO que la ventaja es que el gasto corriente sería ajustable y no fijo como hasta ahora.

Sin embargo, reconoce, no hay cifras. Alarcón dice que es difícil calcular un beneficio económico para las empresas que se acojan al plan que propone la normativa.

Con él coincide Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Es casi imposible, afirma, saber el ahorro que tendría una fábrica si deja de trabajar un día o dos horas diarias.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, coincide en que el panorama no es muy claro. Destaca que las condiciones para acogerse a la reducción de la jornada deberían revisarse.

Fausto Cayambe, asambleísta de PAIS, está de acuerdo. A sus ojos, no es necesario que todos los empleados de una empresa estén de acuerdo con ajustar su jornada. Basta, dice, con que una mayoría lo apruebe para que todos acaten la orden. Si alguien insiste en el rechazo deberá ser liquidado, indicó, como un despido intempestivo.

Marllely Vásconez, también de PAIS, dijo que otro cambio sería exigir que el Servicio de Rentas Internas (SRI) avale los problemas financieros de la empresa que quiere acortar su trabajo. Los representantes del ente llegarán hoy a la Asamblea para abordar el tema.

Cristina Reyes, legisladora de Madera de Guerrero, no ve ajustes posibles. Para ella la iniciativa no tiene sentido. “El empleo no se crea por ley”, opinó.

Reyes destacó, además, que ningún empresario se acogerá a la opción de reducir horas porque las condiciones gubernamentales son complicadas. El proyecto establece que no se podrá declarar utilidades hasta que todos los empleados reciban su pago por ocho horas al día de trabajo. “¿Qué empresario labora para quedar tablas (en cero) en sus balances?”, cuestionó ella.

Los trabajadores también rechazan la propuesta. Los líderes de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y el Frente Unitario de Trabajadores consideran que el texto es un paso para precarizar el empleo.

Ante las críticas, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció que daría marcha atrás con el proyecto de reforma. Durante una entrevista, ayer en Guayaquil, el mandatario dijo que la ley tenía beneficios, pero si nadie le ve provecho sería retirada. JMF