En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no hubo este 11 de diciembre de 2023 los votos para conocer el pedido de juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, a quien se acusa como uno de los responsables de la crisis energética que atraviesa el país.

El proceso es planteado por la legisladora de la oficialista bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Nicole Saca Baldeón. Esta solicitud fue la primera en ingresar en el actual período legislativo.

Los reparos llegaron de legisladores como Ramiro Vela, César Umajinga o Adriana García, entre otros (cinco en total) que argumentaron estar de acuerdo con el trámite de fiscalización, pero que no se podía saltar los procedimientos, ya que hay otros juicios en cola que no han sido tratados y aprobar este podría generar nulidad.  Los cuatro correístas votaron a favor.

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Específicamente, piden que se elabore un informe sobre los jucios que están represados desde el anterior periodo legislativo. Al cierre de esta nota se pidió la reconsideración de la votación y la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, suspendió la sesión "por cinco minutos", pero luego de 20 minutos no se retomaba.

Esto se produjo horas después de la comparecencia de Santos Alvite ante la misma mesa legislativa que también investiga la situación energética, a la que el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso calificó como grave y hasta vaticinó que se podría poner aún peor, en las próximas semanas, porque se trata de un problema estructural difícil de solucionar en el corto plazo.

Sin embargo, Santos aseguró que no es verdad que durante su período no se hizo nada por hacer frente a esta crisis y dijo, por ejemplo, que es el ministro que más generación eléctrica privada ha autorizado.

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También, que gracias a la gestión de Lasso, que viajó personalmente a Colombia para reunirse con su par, Gustavo Petro, se pudo obtener el suministro de energía desde ese país, que permitió reducir los apagones de cuatro a dos horas. Este acuerdo concluiría el 31 de diciembre próximo.

Sin embargo, reconoció que no leyó las cláusulas del contrato para la provisión de energía desde Colombia, porque fue celebrado entre las instancias técnicas de ambos países y que el precio fue determinado por el operador del país vecino.

La ministra de Energía, Andrea Arrobo, dio a conocer que el país está pagando un 35 % más por ese suministro de electricidad. Tiene previsto reunirse con su par colombiano para renegociar el acuerdo y buscar mejores precios.

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Santos, al ser consultado sobre si el precio de la electricidad debe ser revisado y subir, dijo que sí, pero que el momento para hacerlo debe ser bien analizado, porque hacerlo implica un costo social. “Los técnicos indican que es insostenible el crecimiento del sector eléctrico con la tarifa actual”.

El correísmo insistió para que Santos reconozca que Coca Codo Sinclair es la hidroeléctrica que está ayudando para que los apagones no sean más extensos. El exfuncionario dijo que efectivamente es una ayuda, pero que es una obra que está mal hecha y tiene más de 100 mil fisuras, que han sido reconocidas por los constructores chinos.

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