Fiscalizacion extraparlamentaria
La función de todo Parlamento (la Asamblea Constitucional lo es) en la vida democrática de las sociedades no solo es legislar sino también fiscalizar. Esto es lo que hace de ella un importante poder del Estado, cuyas funciones las señala la constitución de cada país.
En el Ecuador sus textos han establecido puntualmente cuáles son los deberes y tareas de este llamado “Primer Poder del Estado”. La actual Constitución de Montecristi (2008), aprobada mediante consulta, señala en su artículo 120 que la Asamblea Nacional tendrá atribuciones y deberes además de las que determine la ley. Allí constan 13 numerales. En el noveno dice que deberá “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.
No obstante, este señalamiento de atribución y deber de fiscalizar fue algo que no hizo la Asamblea Nacional durante una década. Así dio lugar a una verdadera mora política con los electores. Incluso llegó a lo inaudito: bloquear cualquier posibilidad de que esta tarea se realice cuando la impulsaban los opositores. Por eso el pueblo llegó a decir que este organismo era una efectiva “agencia de archivo” de cualquier posibilidad de fiscalización.
Esta carencia se constituyó en un actuar político constante en los últimos diez años, pues durante ese periodo en la Asamblea se dio un grave silencio y una efectiva ausencia de la labor de fiscalización, cuando esta era una obligación propia de dicho organismo. En efecto, durante ese tiempo fue más que evidente que han sido diferentes instancias y organismos no parlamentarios los que han realizado esa tarea, ya que fueron la prensa y los periodistas comprometidos con la investigación los que llevaron adelante tan importante función.
Algunos lo hicieron (diarios, periodistas, canales de TV y revistas, etc.) desde esas instancias no políticas. Por eso sufrieron los efectos de un sistema diseñado para no investigar. Realizaron su labor como accionar cívico antes que político. Esto disgustó al régimen.
Es necesario que la Asamblea pague esa deuda política que tiene con los electores. Que sea capaz de superar la “labor fiscalizadora extraparlamentaria” que realizaron esos actores sociales.
