En medio de constantes interrupciones y gritos, este miércoles 15 de septiembre de 2021 se instaló en Quito la audiencia preparatoria de juicio en contra de Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y siete personas más.

En la diligencia, la fiscal Lidia Sarabia pidió que los procesados sean llamados a juicio en calidad de autores del delito de delincuencia organizada que se deriva de la venta de pruebas para detección de la COVID-19.

Al juez le solicitó la prisión preventiva de Jacobo Bucaram y el arresto domiciliario de su padre, el expresidente.

Uno de los puntos que más controversia generó fue el pedido de Sarabia de que se otorguen medidas de protección a favor de 28 de sus testigos. Explicó que uno de los declarantes cambió su versión después haber sido supuestamente contactado por la defensa de uno de los procesados.

Ante esta situación, pidió que se prohíba a los abogados y a los sospechosos acercarse a los testigos o ejercer "actos de intimidación". Esta solicitud molestó a los cinco defensores, quienes amenazaron a la fiscal con denunciarla si no revelaba quién de ellos se acercó al testigo. “Nos ha llamado delincuentes”, dijo el abogado José Moreno.

“Yo presentaré las acciones legales, porque a mí la señora fiscal me trató de delincuente”, agregó el jurista Edgar Molina.

“En ningún momento se les ha imputado un delito ni se les ha hecho una incriminación. Esto es solo por cautela, por todo lo que hay en este proceso”, respondió Sarabia, quien también solicitó que a todos los procesados se les retengan $ 16.000 de sus cuentas bancarias.