Federalismo vs. centralismo
Hablar de federalismo concita las pasiones propias de una discusión política caracterizada por el uso de adjetivos descalificativos contra cualquier oponente. El término federalismo está reservado para supuestos extremistas y separatistas que quieren atentar contra la nacionalidad. La realidad es otra, muy diferente, pues ser o sentirse ecuatoriano es una cuestión de percepción y sentimiento, y no depende del régimen administrativo, de la estructura del gobierno, la división territorial, y el régimen financiero y tributario.
Federalismo no es un tema de Guayaquil contra Quito, o de estas ciudades simbióticas contra el resto del país, pero sí de la autonomía de cada región o provincia para definir su propio destino dentro de la nación. La diversidad cultural y racial no es un pasivo sino un activo, como lo prueba la prosperidad de localidades y países diversos como Nueva York, Suiza y Singapur. La discusión sobre la organización territorial y la estructura de gobierno hace relación a lo que funciona y a lo que no funciona. Hay suficientes pruebas históricas y científicas de que el progreso y la descentralización van de la mano, de que la autonomía administrativa produce los mejores resultados en la promoción del bienestar, y de que el mercado funciona infinitamente mejor que cualquier burocracia.
El centralismo se sustenta en los intereses creados de la burocracia, la que en el Ecuador ha demostrado tener sus intereses y no los de la colectividad en mente. El centralismo crea la cultura de dominio, regulación, autoridad, desviación de recursos, deficiente distribución del potencial productivo y, como lo hemos podido apreciar en el gobierno más centralista de la historia, provee el mayor caldo de cultivo para la corrupción.
Estando por concluir el segundo siglo como República ha llegado el momento de cuestionar a fondo la vigencia de un Estado disfuncional asociado con una economía pobre, reprimida, inequitativa y represiva de la creatividad, la excelencia, la competitividad y la innovación.
La lógica anticentralista es impecable: la calidad de las decisiones que se toman es inversamente proporcional a la distancia (geográfica, cultural y mental) que existe entre los sujetos activos y pasivos de las decisiones. La autoridad que se le delega al gobierno central es injustificada pues es incapaz de ejercerla con responsabilidad y solvencia.
El aparato gubernamental debe sustentarse en la autoridad provincial y municipal, y la organización territorial debe incentivar el desarrollo a nivel local y no, como hoy, la dependencia de las menudencias que se distribuyen desde el centro de poder.
Con la devolución de la autoridad debe instalarse la responsabilidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la base tributaria, la capacidad administrativa, y el manejo financiero. Causa estupor la denominación de GAD a gobiernos que, salvo pocas excepciones, son débiles, no autónomos y por lo tanto centralizados.
Es un tema que amerita una discusión detallada, racional e informada, en la forma y manera de los Papeles Federales, para ir delineando las diferentes opciones que existen para fundar una Nueva República en nuestra tercera centuria.
