Las FARC en la corte
Expedientes. La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes y cometidos entre 1993 y 2012.
“Estoy aquí a su disposición, con una profunda emoción por ver cómo cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana”. Las palabras que el viernes pronunció Rodrigo Londoño, Timochenko, encierran un mensaje retórico, pero al mismo tiempo suponen un hito en la historia reciente de Colombia por el contexto de la declaración.
El excomandante en jefe de las FARC y algunos altos mandos de la antigua guerrilla, hoy desmovilizada, se sentaron por primera vez en el banquillo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado con el Estado, que comenzó en 1964 y causó 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
La vista, una sesión de alrededor de tres horas, solo era el comienzo del expediente 001 en esa sala de justicia transicional, creada por los acuerdos alcanzados en La Habana durante más de cuatro años de negociaciones.
Se trataba de una comparecencia de carácter sobre todo de procedimiento a la que estaban citados 31 exjefes de la organización insurgente más antigua de América por el secuestro sistemático y las “retenciones ilegales” cometidas de 1993 a 2012, entre las que figuran los casos de 40 personas que siguen desaparecidas.
Sin embargo, esta primera jornada del juicio representa un paso crucial para el proceso de paz y se da en un momento políticamente muy delicado por las objeciones del presidente electo, Iván Duque, al sistema de reparación a las víctimas.
Además de Timochenko, los únicos exguerrilleros en acudir a la sede de la JEP, en la Carrera Séptima de Bogotá, fueron Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que desde las legislativas de marzo ocupan dos de los 10 escaños en el Congreso garantizados por el texto suscrito en noviembre de 2016.
Otro excombatiente, Jesús Santrich, entró por videoconferencia desde la cárcel de La Picota, donde se encuentra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por un delito de narcotráfico cometido tras la firma de la paz. Los demás fueron representados por sus abogados, entre ellos Iván Márquez, de facto el principal dirigente del partido nacido de la guerrilla, de la que conserva las siglas, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Londoño, de 59 años, renunció a la carrera presidencial por el casi nulo apoyo social de esa formación, a la que la sociedad colombiana no perdona los crímenes cometidos en el pasado. Desde la década de los sesenta, las FARC perpetraron más de 8.000 secuestros, según la fiscalía, que les valieron más de $ 2.000 millones en extorsión.
Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta diez años en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados, y no pocos perecieron en cautiverio.
“Pedimos perdón a todas ellas (las víctimas), haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido. Asumiremos las responsabilidades que nos correspondan, contribuiremos con su reparación”, dijo Timochenko al salir de la sala.
Si cumplen lo pactado y nunca más ejercen la violencia, purgarán penas de entre cinco y ocho años en un lugar distinto de la prisión que aún no ha sido definido. Si no, se exponen a condenas de 15 a 20 años de reclusión efectiva.
La magistrada que preside el juicio, Julieta Lemaitre, destacó la importancia del esclarecimiento de los hechos, la premisa necesaria para allanar el camino a la reconciliación en un país que sigue dividido tras más de medio siglo de guerra.
