La vuelta de septiembre, la cuesta de septiembre. Libros y material escolar, revisiones médicas, más ropa... Por suerte, este es uno de esos pocos meses en los que no hay gasto de calefacción ni de aire acondicionado. Pero no solo por el bolsillo. El 40 % del consumo de energía que se produce en Europa proviene de los edificios. Durante años, en España, la eficiencia energética ha quedado supeditada o bien al abaratamiento en la construcción o bien a la estética.

Por un lado, edificios en serie con materiales estandarizados sin tener en cuenta la orientación o las características geográficas de donde se ubican -dando lugar a patologías, como filtraciones de aire o aislamientos defectuosos-; por otro, obras arquitectónicamente impresionantes que luego tienen un consumo desmesurado para su climatización.

Cada vez somos más conscientes de la necesidad de que nuestras ciudades sean sostenibles y, además de nuestra pequeña aportación día a día, las nuevas normativas europeas ayudan también a mejorar el entorno. El Parlamento y el Consejo europeos emitieron en 2012 una directiva para reducir las emisiones de gases invernadero y de otras sustancias contaminantes de edificios.

La trasposición de la directiva en las legislaciones de los países miembros debe entrar en vigor antes del 31 de diciembre de 2020 para las edificaciones privadas. En concreto, esto implica que desde 2021 todas los nuevos edificios deben ser de consumo de energía casi nulo o nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Esto, en primer lugar, significa que las viviendas deberán diseñarse como antaño, cuando no existían sistemas de climatización artificial más allá del hogar en el centro de la casa: teniendo en cuenta la orientación, el viento o la humedad, mejorando el tipo de envolvente o jugando con el tamaño de las ventanas, entre otros. En definitiva, hay que cambiar la manera en que construimos y crear edificios que se adapten al entorno y apenas gasten electricidad y que la poca que gasten provenga de fuentes renovables.

La normativa, que afecta desde la fecha límite a todos los edificios de nueva construcción, solo tiene en cuenta, de momento, la energía primaria, la que consumen los sistemas de climatización y de iluminación del edificio y el agua corriente sanitaria. Es decir, no tiene en cuenta el gasto de electricidad que producen los electrodomésticos dentro de cada vivienda.

La parte más complicada de la estrategia para reducir la emisión de gases invernadero en las ciudades, afecta en cambio a los edificios que ya están construidos. En España, el 95 % del parque inmobiliario es anterior a 2007, según los datos del Colegio de Arquitectos: solo el 5 % se construyó entre 2007 y 2011. De ahí que, el artículo 4 de la directiva europea establezca que los Estados miembros deben elaborar un plan para movilizar inversiones destinadas a la renovación de edificios, una estrategia con la que se conseguirían importantes reducciones en el consumo de energía: solo con las guías de mejora de aislamiento se podría ahorrar hasta un 30 %.