Portando globos blancos en señal de paz, estudiantes de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, realizaron este lunes 5 de agosto un plantón y una marcha pacífica para rechazar los actos vandálicos que se han registrado en los últimos meses en los predios de la ciudadela Salvador Allende, por personas que aún no han sido identificadas.

Ellos se concentraron en los exteriores de la unidad académica y desde allí salieron en una manifestación que concluyó en los exteriores del edificio central, donde funciona el rectorado de la institución.

Ruddy Bolaños, presidenta de la Asociación de la Escuela de Enfermería, solicitó a las autoridades de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la alma máter, garantías para desarrollar sus actividades académicas.

“Los estudiantes no nos sentimos seguros. Queremos que las autoridades adopten medidas para la tranquilidad de la comunidad universitaria”, dijo la estudiante, al hacer alusión a la última explosión que se registró el jueves 1 de agosto pasado en el exterior del decanato de la Facultad de Medicina, que causó daños en la pared, ventanales y biblioteca de esta unidad académica; así como en aulas y en un centro de atención médica de la Escuela de Enfermería.

Ese es el quinto atentado en lo que va del año. En febrero hubo dos explosiones con artefactos tipo camareta. El 7 mayo un auto fue incinerado por otro explosivo, en los parqueaderos de la facultad de Educación Física. Y el 29 de ese mismo mes, a pocos metros del sitio del atentado de este jueves pasado, colocaron una bomba debajo del auto de una empleada de la facultad de Medicina. Pero hasta el momento no hay indicios de quién los provocó.

“Con estas acciones se infunde temor entre los alumnos. Nosotros queremos estudiar en un ambiente de tranquilidad”, manifestó Jean Carlos Intriago, dirigente estudiantil, quien solicitó que se hagan conocer los resultados de las investigaciones de las anteriores detonaciones y que las autoridades concreten medidas de seguridad.

En mayo pasado, el rector de la universidad y presidente de la CIFI, Roberto Passailaigue, solicitó a la Policía Nacional que realice controles en los predios de la institución para evitar más actos ‘terroristas’, como él los ha calificado.

La vigilancia de los uniformados no ha logrado evitar que la inseguridad se mantenga en la universidad más poblada del país, con más de 60.000 estudiantes matriculados.

Passailague asegura sentirse ‘atado de manos’ para implementar un plan de seguridad interna que involucra, entre otras cosas, la instalación de torniquetes y plumas en seis puertas de la ciudadela, cámaras conectadas con el sistema ECU-911 y la reestructuración de la unidad interna de vigilancia.

El Ministerio de Finanzas le adeuda a este centro de estudio 17’800.000 de dólares para gastos de inversión, donde se incluye el plan de seguridad, pero solo le ha entregado 150.000 dólares que no alcanza para ese objetivo.