Impera en el Ecuador un tal alto grado de corrupción que, desestimado o calificado como calumnioso por los sectores oficiales en un primer momento, ahora, ante las incontrastables evidencias, ha sido finalmente admitido.
Lamentablemente, por la tardanza en hacerlo, dada la dependencia de las autoridades de control en relación a los criterios de la función Ejecutiva, muchos de los involucrados han huido y otros son parte de una intolerable expectativa, en razón de la negligencia evidenciada.
Todo ello ha permitido que incluso intenten aparecer como denunciantes de la corrupción quienes se encargaron de encubrirla.
Ahora, respondiendo a razones político-electorales, el vicepresidente de la República en funciones y también candidato a la reelección, acaba de concurrir a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que ataje lo que a su juicio supone una campaña de desprestigio a su honra y para que contribuya a desmarcarlo de cualquier vinculación en las denuncias de corrupción que atañen a los sectores estratégicos del Ecuador, bajo su responsabilidad.
Al respecto, como entre las personas e instituciones por él mencionadas estuvo Diario Expreso, cabe reiterar que es bueno que el vicepresidente se preocupe por la defensa de su honra que, efectivamente, dado su alto grado de representatividad en su condición de segundo mandatario, requiere estar revestida de una incuestionable imagen de pulcritud. Sin embargo, para hacerlo eficientemente debería ser su interés mayor el esclarecimiento de las denuncias, tal cual la veracidad de las listas de pagos ilícitos a funcionarios del Gobierno, como la de Caminosca o la de Odebrecht, antes que la descalificación de quienes se atreven a ponerlas en conocimiento de la opinión pública, atribuyéndoles motivos ajenos a su intención, que no es otra que la de precautelar los recursos de todos, incluido el patrimonio ético de la República.
En efecto, avergüenza a la nación que, por ejemplo, en el caso Odebrecht, pese a todas las razones legales que aquí se esgrimen por parte de la Fiscalía, no se conozcan los nombres de los sobornados por la constructora brasileña. El argumento de que en el Ecuador no hay delatores, únicamente contribuye a todo género de especulaciones.
Más allá del interés del vicepresidente, está el del país
