Cambios de aires se avizoran en los procesos de respuesta ante los casos de abuso sexual infantil en instituciones educativas.

Las nuevas y constantes denuncias de padres de familia que se han hecho públicas generaron que las autoridades de Educación decidan actuar con celeridad, cambiando totalmente el libreto que seguían hasta hace poco, cuando las acusaciones a maestros eran ocultadas y minimizadas.

Un ejemplo de aquello se vivió la mañana de ayer, cuando cientos de padres de familia se tomaron los exteriores de una escuela, ubicada en La Floresta 1, en el sur de Guayaquil, para protestar por el “negligente accionar de los directivos” ante el conocimiento de nuevos casos de abuso sexual en contra de estudiantes que supuestamente se habrían producido en el interior de la institución.

Los familiares llevaron pancartas y megáfonos y se negaron a tener una reunión a puertas cerradas, pues aseguraron que meses antes, cuando se denunciaron los primeros casos, el problema y la solución prometida quedaron archivados en el rectorado.

Los acusados eran un profesor y un estudiante de 15 años, quienes, según los parientes, habrían abusado de varios niños de entre 6 y 10 años. Aunque solo tres de sus padres pusieron una denuncia formal.

“No es posible que no hayan hecho nada... Parece que los estuvieran encubriendo”, dijo Vanessa Flores, una de las madres que acudió a la protesta.

Apenas se difundió la noticia, la subsecretaria de Educación, Érika Lainez, llegó al plantel para escuchar a los parientes y les dio su respaldo.

Más tarde, por medio de un comunicado la subsecretaría informó que “ni bien conoció el caso ejecutó las acciones emergentes”, entre ellas el inicio de sumarios administrativos a la rectora del plantel, a la maestra tutora y al profesional DECE. Además, anunció la entrega de la información a la Fiscalía del Guayas para que inicie las investigaciones “a fin de que no exista ningún indicio de impunidad ante estos casos”.

“Los niños tienen mucha imaginación”

La mañana de ayer, el fiscal César Peña, acompañado de agentes de Criminalística y el abogado del profesor que está prófugo, realizó una ampliación del reconocimiento del lugar de los hechos en el colegio réplica Aguirre Abad, en el norte de Guayaquil.

Al finalizar la diligencia, el abogado Luis Carrillo, defensa de Egry Magallanes, aseguró que su cliente es inocente y que los relatos de las víctimas deben ser comprobados, pues “los niños tienen mucha imaginación”, y aseguró que la demora en la toma de versiones les hace pensar que “los están manipulando para que digan lo que a las madres les interesa”, sentenció.

Aseveración que fue rechazada por Hernán Ulloa, abogado las víctimas. “Sus palabras son irresponsables y malintencionadas. Los padres solo quieren que se sancione a los responsables”. CBS