Un esquema simple y descarado de corrupción. Así describe la Comisión Anticorrupción al último mecanismo que involucra al sector público en la contratación y transferencia de fondos a empresas fantasmas.

Los comisionados revelaron la supuesta existencia de al menos 39 casos irregulares de contratación pública registrados entre 2012 y 2016. En las anomalías detectadas por el grupo ciudadano están inmersas 18 instituciones públicas que habrían efectuado adquisiciones a 22 empresas calificadas como fantasmas.

Las operaciones, según el comisionado Jorge Rodríguez, representarían un perjuicio de 28,6 millones de dólares para el Estado.

Anticorrupción menciona cuatro transacciones que se ubican en un rango de uno a cinco millones de dólares que involucran a la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, al Instituto Nacional de Preinversión y a la Dirección Distrital de Obras Públicas MTOP Guayas con tres empresas de papel.

Según la denuncia, las instituciones públicas que más han contratado con empresas ficticias han sido el Gobierno Provincial del Guayas con 14 contrataciones entre 2012 y 2016. Y, Rodríguez añade, el mayor consumidor de facturas falsas y relación con empresas fantasmas es el Consejo Provincial de Guayas, pero no sería por la frecuencia en la contratación, sino por los montos.

También se mencionan otros organismos seccionales, la Policía y Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Ejército señaló que estaba reuniendo la información respectiva y al final de la tarde avanzó, en un comunicado, que se darán todas las facilidades a los organismos de control.

Juan Esteban Guarderas lideró el equipo de expertos jurídicos y financieros conformado para buscar dónde está el dinero atribuido a la corrupción.

En ese camino, el grupo contó con una lista de empresas consideradas fantasmas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que fue entregada a la Comisión. Con la base de datos, los expertos ensayaron cuáles pudieran ser los esquemas aplicados en esos casos, cuenta Guarderas. El abogado se preguntó: “¿Serán tan burdos de haber aplicado el esquema más fácil?”. Y, efectivamente, en esa tarea de descartar ese mecanismo asegura que los analistas se encontraron con los 39 casos.

Indica que al cruzar los datos del SRI con las contrataciones estatales aparecieron las empresas ficticias y las veces que fueron contratadas.

Añade que una empresa catalogada por el SRI como fantasma no puede contratar, pero en la investigación aparecieron en el muestreo de operaciones de dos a cinco millones.

Según el SRI, la empresa de papel no tiene empleados, no registra ingresos, no opera en el mercado, no tiene marca, propiedades y se pregunta: “¿Cómo puede el Estado hacer transferencias a esas empresas?”.

Pero el abogado cree que el asunto va más allá. Si se investigan los contratos de 20.000 dólares o más, asume, seguramente los montos de corrupción aumentarán. Según Rodríguez, en el ilícito estarían involucrados unas 10.000 personas de las entidades públicas y privadas. Incluiría a notarios, abogados, auditores internos, financieros...

La denuncia se presentará ante la Fiscalía para que investigue delitos que afectan a la Administración pública como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión o testaferrismo.

La Comisión espera que la Fiscalía solicite las actas de entrega-recepción de los productos que se describen en las contrataciones para determinar si hubo también falsificación documental y otros ilícitos no especificados. Además solicitan a la Fiscalía que en las investigaciones que se practiquen se verifiquen los procesos y se hagan pericias técnicas.

Solicitudes

Investigación

Verificación de los procesos

Con la denuncia presentada en la Fiscalía, la Comisión Anticorrupción espera que ese organismo, liderado por la fiscal Diana Salazar, verifique que los procesos de selección, contratación y licitación cumplieron con todos los procedimientos reglamentados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Análisis

Justificaciones aportadas

Otro de los pedidos para la Fiscalía es el análisis de la justificación aportada por la institución involucrada en los presuntos ilícitos para contratar dichos bienes y servicios y peritajes técnicos que determinen la calidad y valía de bienes y servicios entregados.

Inacción

Ausencia de requisiciones

Según Jorge Rodríguez, el actual Gobierno “no ha hecho una sola requisición, lo que estamos pidiendo a la Fiscalía es que con todas las 567 denuncias que tiene iniciadas el SRI, conjuntamente con lo que se está presentando hoy, se inicie una investigación más profunda para determinar los responsables”, dijo.