Duros días sigue viviendo el Ecuador. Lo abochorna la evidencia de la gigantesca corrupción a la que el país ha estado sometido. También la sumisión de los organismos de control y de administración de justicia, morosos por ello en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuánto tiempo hace que llegó a su conocimiento la información suministrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que en varios países del continente dio lugar al enjuiciamiento de muchos expresidentes? Aquí, hoy queda muy claro, se aplazaron las acciones debidas hasta terminar el proceso electoral que permitió elegir como vicepresidente de la República a un ciudadano sobre el que recaían múltiples sospechas de estar vinculado a actos dolosos y que, recién ahora, como producto de la presión creciente de la opinión pública se actúa, en vísperas de una consulta popular, tal cual se debió hacer hace mucho tiempo.

Bien se sabe que justicia que tarda no es justicia pero, está tan desencantado el gran conglomerado nacional y tan poco espera de ella, que muchos exclaman como consolándose: más vale tarde que nunca.

En efecto, así es, si se asume lo hasta aquí ocurrido como la punta del ovillo que habrá que desmadejar íntegramente para devolverle a la República la majestad de sus organismos de control y la independencia de la administración de justicia.

Para ello, queda por delante desentrañar y transparentar la corrupción petrolera, no como un ejercicio de masoquismo sino en ánimo de seguir purificando todas las esferas de la administración pública que, hace rato, requieren un baño de verdad y la sanción ejemplarizante de los corruptos.

Al respecto, el país debe conocer los avances logrados a partir de las declaraciones de quienes en calidad de colaboradores eficaces quieren reducir sus penas. Bien se sabe que la magnitud de los perjuicios causados al Ecuador por la corrupción petrolera es enormemente superior a la ocasionada por los inculpados en el caso Odebrecht.

Así las cosas, está bien respecto a corrupción que en la consulta popular se busque la denominada muerte civil de los corruptos, la devolución de los bienes mal adquiridos y la correspondiente sanción económica. Ello mejor se lograría si los medios de comunicación cuentan con plena libertad en el ejercicio de sus labores.