Solo dos días duró una emergencia carcelaria que las autoridades declararon días después de los sangrientos amotinamientos en cuatro prisiones, que dejaron 79 internos asesinados.

Tal como ocurrió en 2019 y 2020 luego de violentos sucesos en centros penitenciarios del país, el pasado 28 de febrero la autoridad responsable emitió una resolución para enfrentar, durante un plazo de 60 días, la grave situación tras las masacres ocurridas días antes en Latacunga, Cuenca y Guayaquil.

Hasta el mismo presidente Lenín Moreno, en cadena nacional del 24 de febrero, anunció que había dispuesto al Ministerio de Finanzas “destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema”.

La emergencia le permitía al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) realizar acciones institucionales e interinstitucionales para obtener recursos de urgencia que cubran las contrataciones que fueren necesarias.

Varias consideraciones se tomaron en cuenta para la resolución firmada por Edmundo Moncayo, director general del SNAI, que está publicada en el portal de Compras Públicas.

El funcionario dejó sentado en el documento que, “pese ha haber tenido dos declaratorias de estados de excepción con sus respectivas renovaciones, no se ha entregado recursos suficientes para atender parte de los problemas” del sistema que están a cargo del SNAI.

Cita, por ejemplo, que en 2019 y 2020 no se realizó ingresos nuevos de guías penitenciarios, y que en diciembre de ese último año se logró iniciar un proceso que se está ejecutando para atender el déficit de personal de seguridad en las cárceles.

Pero al segundo día de vigencia de esa declaratoria, el SNAI dio marcha atrás. El 2 de marzo, mediante otra resolución, Moncayo firmó la derogatoria de esa emergencia. El documento no explica las justificaciones para esa decisión.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a retirar ese régimen de emergencia? EXPRESO solicitó ayer información al SNAI, pero hasta el cierre de esta nota no había respuesta. También se le consultó al organismo sobre cómo atenderá la crisis carcelaria y si ya contaba con recursos de Finanzas, como lo dispuso el presidente Moreno.

Para 2021, el SNAI reporta dos programas dentro de su plan operativo anual, que deben culminar este año pero que carecen de financiamiento: la contratación del servicio de alimentación de los presos, por $ 41,1 millones, y la transformación del sistema de rehabilitación social, por $ 2,6 millones.

EL DETALLE

Autoridad. El SNAI fue creado en 2018, cuando el Ministerio de Justicia se transformó en la Secretaría de Derechos Humanos. Edmundo Moncayo dirige la entidad desde el 3 de junio de 2019.

LA CRISIS EN EL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL

DECRETOS

Las declaratorias de estado de excepción de 2019 y 2020, decretadas por el presidente por la conmoción en las cárceles, fueron observadas por la Corte Constitucional. El organismo dispuso a Moreno que elabore un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis, mediante un régimen ordinario.

DIMISIONES

La crisis por los hechos violentos en cuatro cárceles precipitó la renuncia de varios funcionarios. Primero fue el subdirector de Rehabilitación, Orlando Jácome; le siguió la directora de la cárcel zonal de Guayaquil, Alexandra Correa; y el pasado 5 de marzo el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.

REQUERIMIENTO

Ante un pedido de medidas cautelares, el 25 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Cancillería ecuatoriana que en 5 días remita información sobre la situación carcelaria. Ese plazo fue extendido por 5 días más, es decir hasta el viernes 5 de marzo, y la Misión Permanente del Ecuador ante la OEA transmitió dicho informe a la CIDH oportunamente, informó la Cancillería a este Diario.