Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados este domingo 5 de febrero a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades provinciales y locales, así como para renovar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pero también votarán sobre ocho preguntas de un referéndum promovido por el Gobierno.

Este plebiscito ha sido impulsado por presidente Guillermo Lasso para modificar la Constitución en cuestiones de seguridad, democracia, instituciones estatales, movimientos políticos y medio ambiente, con una serie de ocho preguntas donde los ciudadanos deberán votar sí o no.

1.- EXTRADICIÓN POR DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO

Hasta ahora la Constitución de Ecuador impide la extradición de cualquier ecuatoriano requerido por otro país, independientemente del delito que se le acuse, algo que el Gobierno de Lasso quiere cambiar para permitir que se pueda extraditar a ciudadanos requeridos por delitos vinculados al crimen organizado trasnacional.

Es el caso del narcotráfico, el tráfico de armas o la trata de personas, delitos que han tomado en los últimos tiempos fuerza en Ecuador al consolidarse en el país una de las principales rutas de la cocaína de Sudamérica, como algunos de sus puertos como trampolines de estas sustancias ilícitas hacia Europa.

2.- AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA

El Gobierno propone la creación de un Consejo Fiscal que sea quien seleccione, designe, promueve, sancione o destituya a los fiscales del Ministerio Público, algo que hasta ahora es función del Consejo de la Judicatura, que según el Ejecutivo no lo ha hecho por varios años, lo que ha generado un déficit de 602 fiscales.

3.- REDUCCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS

Actualmente la Asamblea Nacional (Parlamento) tiene 137 asambleístas, un número que la Constitución obliga a incrementar en función del aumento de la población, por lo que para las elecciones de 2025 podría elevarse a más de 150.

La intención del Ejecutivo es modificar esta regla para que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre una representatividad más equitativa, al considerar que actualmente están sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.

4.- MÍNIMO DE AFILIADOS A ORGANIZACIONES POLÍTICAS

La cuarta pregunta busca establecer una valla mínima de afiliados dentro de los 272 movimientos políticos vigentes en Ecuador, fijada en el 1,5 % del padrón electoral de la jurisdicción donde estén escritos, de modo se reduzca el número de estas organizaciones que tienen escasos afiliados y que sirven de eventual "cascarón" para candidatos en busca de una formación con la que presentarse en elecciones.

5.- TRASPASO DE FUNCIONES DEL CPCCS A LA ASAMBLEA

El Cpccs fue creado con la Constitución de 2008, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral.

La propuesta del Gobierno de Lasso es que todas esas autoridades pasen a ser designadas por la Asamblea, bajo el argumento de que no dependerá del voto en consonancia de solo cuatro personas y se evitará la concentración de poder, a cambio de designaciones más basadas en la meritocracia.

6.- CONSEJEROS DE CPCCS ELEGIDOS POR ASAMBLEA

El Ejecutivo no sólo propone restar poder al Cpccs, sino además que sus consejeros pasen a ser elegidos también por la Asamblea en lugar de por votación universal.

Si bien la norma prohíbe actualmente que los candidatos estén adscritos a algún partido político, durante la actual campaña para renovar el Cpccs se han denunciado casos de postulantes que usaban los mismos colores y lemas que algunos partidos, e incluso sus líderes han interactuado libremente con ellos en redes sociales.

7.- CREACIÓN DE SISTEMA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA

Para salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos clave en el territorio nacional, el Gobierno plantea la creación de un subsistema de áreas de protección hídrica que formaría parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas, bajo administración del Estado.

8.- CREACIÓN DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES

La última pregunta busca crear un mecanismo para que el Estado retribuya a quienes prestan servicios ambientales, como pueden ser los recicladores, de los que se estima que existen unos 20.000 a nivel nacional, pero también comunidades indígenas que ayudan a combatir la deforestación en la Amazonía, por ejemplo.