El conflicto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para elegir al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, quien además deberá ocupar la presidencia del órgano de administración del sistema judicial del país, tiene tintes políticos que vienen desde el Ejecutivo, es en lo que coinciden varios juristas.

Para Ángel Orna, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y catedrático de la Universidad Central del Ecuador en Quito, actualmente existe una crisis institucional en el sistema judicial, porque los poderes políticos buscan tener control en la justicia a través del CPCCS, donde se han “principalizado los interese políticos”, cuyo responsable es el Gobierno nacional.

“Y esta crisis, indudablemente, tiene sus responsables y es el Gobierno, que hoy intenta controlar todas las instituciones. Busca, precisamente, a través de la consulta popular y la pregunta 5 y en sus anexos que de ganar el ‘sí’, indudablemente, el proceso de aplicación durará dos años. Lo que se ha hecho aquí es una movida para perennizar las autoridades de todas las instituciones”, manifestó.

Dicha pregunta busca eliminar la facultad de designar autoridades de control que tiene el CPCCS y sea entregada la responsabilidad a la Asamblea Nacional, pero de aprobarse, todos los procesos de concursos serán declarados desiertos y las autoridades serán prorrogadas en funciones. Al menos por más de un año y medio, por los cambios que deberán hacerse en las leyes.

“Ya se ha configurado un incumplimiento de dictamen constitucional”, explica André Benavides, abogado y profesor de Derecho Constitucional, tras la no designación del nuevo vocal por parte del CPCCS, porque el dictamen expresa que debió haberse dado con celeridad desde septiembre anterior. “No obstante, vemos que ha sido un proceso tropezado. Y desde mi punto de vista, yo creo que han inutilizado artificios con el claro objetivo de no nombrar esta autoridad y más bien que el señor Murillo se quede en el puesto y más aún con una consulta popular que lo podría prorrogar hasta fines de período presidencial”, explica el jurista constitucional.

La expresidenta de Participación, Sofía Almeida, dio a conocer que este capítulo tiene arreglos entre los cuatro consejeros que fueron restituidos por una orden judicial (Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo) y jueces subordinados de la judicatura para ayudarse mutuamente. “Muchos dicen que hay falsas promesas por ahí, shows para aparentar un desacuerdo entre ellos, y comunicados para lograrlo, pero mientras haya quien crea esto, el caos seguirá. Y a puertas de la consulta en la que se pretende prorrogar dos años a las actuales autoridades”, dijo.