Una de las teorías orientadas al sano ejercicio del poder, más maltratada durante la década infame fue la planteada fundamentalmente por Montesquieu, en relación a la división de poderes.

Las consecuencias de ese comportamiento tolerado casi que sin protesta por la mayor parte de los juristas y constitucionalistas, y más todavía por los partidos políticos, salvo las raras excepciones que confirman la regla, le ha traído graves desajustes a la difícil transición ecuatoriana de un régimen dictatorial a un real Estado de derecho, en que ahora estamos empeñados, aunque sin los avances requeridos todavía.

El asunto amerita la reiterada insistencia editorial en medios de comunicación como EXPRESO, que a su tiempo tuvieron la decisión de reclamarlo, en ánimo de contribuir a superar de la mejor manera, una ya excesivamente prolongada y dañina situación.

No queda duda de que la necesidad de la división de los poderes, ya vislumbrada por Aristóteles y muchos otros filósofos después de él, ha sido refrendada por la práctica.

Su negación, declarando obsoleto a Montesquieu, fue una clara manifestación de la tentación totalitaria que rondaba al gobierno pero, no se supo reaccionar debidamente frente a tan evidente síntoma.

Cabe entonces destacar estos días, no sin cierta sana envidia, el que en países tal cual los Estados Unidos de Norteamérica esa división plenamente ejercida impida el ejercicio arbitrario del poder y en múltiples ocasiones recientes, discrepando de la opinión presidencial, que la administración de justicia sepa imponer su criterio apegado a la Constitución, en defensa de la libertad de expresión.

Entre nosotros no tuvimos de esos jueces. Aunque se repite y se sigue repitiendo la frase que se atribuye lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, se permitió el ejercicio arbitrario del poder, se miró para otro lado frente a las primeras denuncias de corrupción del régimen y este llegó a corromperse absolutamente.

Ahora, cuando por paradoja, el respeto a la división de poderes, una administración de justicia que viene de atrás y una Asamblea Legislativa que no se decide a cumplir su rol fiscalizador, parecieran favorecer la impunidad, es importante acelerar el paso dándole a la nación poderes independientes pero también dignos.