A un día de terminar el año más violento de la historia del Ecuador, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) expuso en un informe que hasta el  28 de diciembre pasado, en el país se han realizado 387 gestiones de antiexplosivos.

De este número, 282 corresponden a atentados que han incluido detonaciones de vehículos y sustancias químicas, las otras 199 son de artefactos explosivos. Pero de este universo, 240 fueron destrucciones controladas luego de detectarse la amenaza en un lugar determinado tras alguna denuncia (revisar infografía).

De acuerdo con los informes de las autoridades, en los artefactos hallados se ha utilizado dinamita, explosivos caseros/artesanales, granadas, pentolita y emulnor. En 44 ocasiones se abandonaron objetos sospechosos como presuntos explosivos que resultaron ser falsos.

En 2021 hubo apenas 13 explosiones registradas, pero en 2022, además del descomunal crecimiento de los atentados, se lamentó la muerte de cinco víctimas y otras 18 personas resultaron heridas luego de que se lanzó una bomba en la Calle 8 del sector Cristo del Consuelo, suburbio de Guayaquil, en la madrugada del 14 de agosto.

El hecho motivó a las autoridades a decretar un estado de excepción de 30 días, que debió ser justificado ante la Secretaría General de la Organización Estados Americanos (OEA); Diario EXPRESO tuvo acceso al documento en el que se indicó que hasta esa fecha en el territorio ecuatoriano se dieron 145 explosiones, de las cuales 72 ocurrieron en Guayaquil.

La última cifra representó el 49,7 % de los ataques en todo el país e incluye la detonación de cinco coches bomba, 49 casos de artefactos explosivos y el estallido de 18 artículos en determinados lugares.

En el reporte enviado a la OEA, que fue firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, se apunta que el atentado terrorista se debe al enfrentamiento de grupos de delincuencia organizada. Esto pese a que los moradores denunciaron que su sector no tiene nada que ver en el asunto, porque hasta fueron amenazados por resistirse a vender sustancias sujetas a fiscalización.

El documento advierte que “de no tomarse acciones contundentes e inmediatas, estos enfrentamientos entre grupos delincuenciales pueden devenir en una mayor escalada de violencia, atentados y eventos similares, que deben ser prevenidos”. Cuatro meses después aún no se ha aclarado el hecho y no se han detenido ni las explosiones ni los hechos violentos en Ecuador.

No obstante, se consultó al comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, las acciones que se ejecutarán en 2023 para evitar el crecimiento de los atentados terroristas y las explosiones, y respondió lo siguiente: “Estamos trabajando en un plan, pero todavía no está listo, inicia el próximo año”.

Sin embargo, adelantó que se fortalecerá a la Policía Nacional en los ejes investigativo, preventivo e inteligencia.

En el informe de Ecuador se identifica que “la realidad delictiva del país, y en particular del ámbito territorial, se caracteriza por constantes y violentos conflictos entre organizaciones criminales, que a través del cometimiento de hechos delictivos... repercuten directamente sobre la ciudadanía ajena a las bandas criminales; siendo víctimas indirectas de la pugna”.

Pero desde agosto, las denominadas “acciones contundentes” no han surtido efecto para disminuir al menos las muertes violentas en Guayaquil, que hasta la madrugada del último jueves acumuló 1.516.

• Cuerpo Policial

“No hay narcogenerales”

El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, enfatizó este jueves en una rueda de prensa sobre los operativos que se desplegarán para el feriado de fin de año. “En la Policía no hay narcogenerales y eso que quede muy claro”, respondió ante los cuestionamientos de un periodista sobre el proceso de depuración policial.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, expuso que ya se emitió un informe de la Contraloría General del Estado, que según apuntó se analizó el patrimonio de todos los generales de la institución y en este se determinó que “absolutamente todos, se encuentran sin ningún problema jurídico o legal”, agregó.

Sin embargo, añadió que en caso de que la ciudadanía conozca de “alguien al margen de la ley, por favor se lo haga conocer”.