En Ecuador han sido asesinados 264 menores de edad en este 2022, de acuerdo a cifras oficiales de la Policía Nacional, a las cuales Diario EXPRESO ha tenido acceso. Y una de las situaciones que más llama la atención es que un tercio de las víctimas sean bebés, de menos de 24 meses de nacidos.

¿A qué se debe esta alta cantidad de decesos? César Peña Morán, fiscal especializado, explica que hay por lo menos tres factores, muy aparte de que la mayoría de casos tenga relación con el tráfico de sustancias estupefacientes.

“Los menores, sobre todo los infantes, por lo general no son el objetivo de los criminales, sino que son víctimas colaterales que se encontraban en el lugar menos oportuno. No es culpa de ellos”, explica el funcionario.

El operador de justicia explica que los tres puntos a considerar son “el primero: que a veces las madres de ellos están involucradas en el microtráfico o personas que se dedican a esta actividad ilícita, lo que los coloca en una situación vulnerable, donde siempre están en riesgo”.

El segundo motivo tiene que ver “con el entorno en el que habitan, porque si están en una zona donde hay conflicto, hay más probabilidades de que resulten heridos, sobre todo porque (esta es la tercera causa) ahora los delincuentes utilizan armas largas, de alto calibre, que han sido fabricadas para la guerra, para destruir blindajes. Un proyectil de estos puede recorrer hasta 2 kilómetros y causar daño hasta el final”, argumenta.

Peña no descarta que algunos de estos menores, sobre todo los adolescentes, hagan parte de grupos criminales y, por ese motivo, terminen involucrados en las guerras que existen por las disputas de territorios. Sin embargo, precisa que -delincuentes o no- atentar contra sus vidas ya es un agravante.

El artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su numeral 11, tipifica que “cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes...” se considera como una “circunstancia agravante de la infracción penal”.

Es por eso que ante uno de estos casos, al momento de dictar una sentencia en contra de los asesinos, las autoridades judiciales tienen que aumentar un tercio más a la pena, según establece el artículo 44 del COIP.

“Por ejemplo, en el asesinato la pena máxima es de 26 años. Un tercio sería un poco más de ocho años, que se suman a esa sanción. Es decir, que se llegaría a una condena de un poco más de 34 años”, detalla el jurista.

PROMEDIOS

En las cifras oficiales, con corte al 27 de diciembre, son 264 los menores de edad que han sido víctimas de muertes violentas en este año, lo que refleja un promedio de un crimen cada 32 horas.

Además, los datos estadísticos evidencian que el grupo más afectado está en el rango de 12 a 17 años, con 151 fallecidos, que equivalen al 57,2 %. De este grupo, el último perjudicado -en un ataque colateral- fue Jesús, quien la noche del 24 de diciembre, en el cantón Sucre (Manabí), recibió dos disparos mientras esperaba a que le despachen unas salchipapas, su plato favorito. Intentaron salvarlo, pero murió.