La prisa por firmar el contrato de Sacha genera interrogantes

Durante la época electoral, es común que se paralicen las iniciativas de firmar contratos de inversión. La elevada incertidumbre retrasa las decisiones hasta que se tenga claridad sobre quién asumirá la Presidencia, situación que se acentúa en países como Ecuador, donde la seguridad jurídica es limitada.

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Sin embargo, en el caso de la adjudicación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol , conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S. L. y Petrolia Ecuador S. A., la situación es distinta:se quiere suscribir antes de elecciones, pese a que ha habido amenazas desde el correísmo de echar abajo el contrato, situación probable en el escenario actual. “La concesión de Sacha es un saqueo a la república. Si gana la RC (Revolución Ciudadana), aténganse a las consecuencias judiciales”, ha manifestado el expresidente      Rafael Correa.

Tras la concesión y para firmar el contrato entre el Estado ecuatoriano y Sinopetrol, se notificó la decisión de adjudicación al consorcio, estableciéndose un cronograma de cuatro semanas para completar diversas actividades: tareas legales y contractuales, operativas y ambientales, administrativas, de recursos humanos, financieras y la gestión de seguros y garantías.

“Es fundamental destacar que el pago de la prima debe realizarse antes de la firma del contrato, ya que sin este pago, el contrato no se formalizará”, dijo Inés Manzano, ministra de Energía, el pasado lunes 3 de marzo. Es decir, el acuerdo podría suscribirse a inicios de abril de 2025, a puertas de la segunda vuelta electoral, que se realizará el 13 de abril.

Con un alto nivel de incertidumbre, con posibilidades de que un nuevo gobierno rompa el acuerdo, ¿por qué Noboa y Sinopetrol insisten en llevar adelante el proceso?

Los puntos de vista

“Aunque el tema involucra aspectos jurídicos, económicos y políticos, es importante destacar que se trata de un proyecto en un campo poco explotado en 50 años, destinado a atraer inversión extranjera y a transformar el modelo de servicio en uno de participación. Según su perspectiva, la inversión privada es positiva, pero la premura en la firma genera riesgos: en un eventual cambio de gobierno, la revisión o deshacer el contrato podría llevar a litigios y afectar la seguridad jurídica y la credibilidad del país”, alertó Marcelo Bodero, socio fundador de M. Bodero & Asociados, una firma especializada en inversiones.

Bodero subrayó que la magnitud de Sinopec y sus relaciones internacionales hacen probable que se busque un diálogo para alcanzar un acuerdo que beneficie al país y evite problemas mayores, en caso de que la Revolución Ciudadana gane la Presidencia.

“Se trata de una operación financiera impulsada por empresas transnacionales, que llevan tiempo trabajando en el proyecto y buscan concretarlo con el gobierno actual. La expectativa es firmar el contrato mientras esté en funciones la administración actual, ya que se cree que un gobierno liderado por la candidata González no aprobaría el acuerdo”, analizó Luis Calero, experto en derecho petrolero. En ese contexto, el Estado ecuatoriano se arriesga a un laudo. 

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