Con una pandemia que a nivel global se percibe más controlada, la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) volvió a la presencialidad para celebrar sus 85 años de vida. Un acto que, históricamente, ha permitido que los empresarios puedan armar su propio podio y abrir micrófonos para aplaudir o rechazar el rumbo económico que sigue el país. Esta vez el pedido para el Gobierno fue la necesidad de entablar “un verdadero pacto fiscal". 

El discurso de aniversario, dado al aire libre en una noche de gala desarrollada en el Hilton Colón el pasado martes, estuvo esta vez en la voz de Francisco Jarrín, quien asumió la presidencia de la CIG a inicios de este año. Arrancó destacando lo bueno: el papel solidario de las empresas y el proceso exitoso de vacunación que se dio en época de pandemia, pero no tardó en lanzar cuestionamientos.

Jarrín recordó que su presencia buscaba seguir reivindicando el rol que la Cámara siempre ha tenido como puente de comunicación con las autoridades. En ese sentido, dijo, “exentos de todo sesgo ideológico, señalamos lo que a nuestro juicio no contribuye en la construcción del camino adecuado para Ecuador”. Fue la antesala para exhortar al Gobierno a cambiar la forma en que busca un equilibrio fiscal. Eso, señaló, debe venir con una impostergable reducción de gastos estatales y no a costa de las “mal llamadas contribuciones temporales que desde el 2016 de forma permanente las empresas han estado obligadas a dar. No se puede hallar un equilibrio en detrimento de la liquidez del sector productivo”.

En el lugar no estuvieron las autoridades gubernamentales, que se excusaron de asistir al evento, pero a ellas se les pidió establecer un pacto que implique el compromiso del Gobierno de bajar “los gastos innecesarios, la abultadísima nómina de salarios y aplicar una efectividad en combatir la boyante corrupción en las compras públicas”. A cambio dicen estar dispuestos a dar esa contribución, pero bajo reformas: que estas aportaciones sean por un solo año, pero en el 2023, para que en el 2022 las empresas no enfrenten un triple pago de impuestos (por las contribuciones fijadas en el pasado, la nueva que se propone y el Impuesto a la Renta).

Sin embargo, no es lo único. Jarrín pide que por ese pago el sector pueda emitir notas de crédito para que puedan ser redimidas (en pagos en entidades públicas) en tres o cinco años. Si el problema de ahora es de flujo de caja, como alega el Gobierno, para ese tiempo se habrá solucionado.

La propuesta recibió el aplauso y el beneplácito de decenas de industriales que asistieron a la cita. “La pandemia golpeó a muchas empresas y quitarles más liquidez no es oportuno ahora”, menos en un momento en que se busca reactivar la producción y la contratación laboral, manifestó Xavier Durán, gerente general de Reysac.

Igual criterio tuvo José Antonio Ponce, CEO de Consorcio Nobis. Si el sector estando en dificultades da esa contribución, señala, “lo mejor es que esta pueda ser recompensada por el uso posterior de esas notas de crédito”. La idea debe ser dar oxígeno temporal al Estado, pero no para que esto se convierta en más recursos que sean destinados a gastos corrientes.

En la ceremonia de este año, también se entregaron reconocimientos. Estos recayeron en las firmas que cumplieron entre 50 y 85 años de afiliación. Por primera vez se premió el compromiso ambiental, una distinción que recayó en Duragas. La placa al mejor industrial del año, la mayor insignia que se otorga en este evento, fue para Xavier Alvarado Roca, presidente de Ecuavisa.