Al parecer, al Gobierno se le agotan las alternativas para darle liquidez a la caja fiscal. La medida que buscaba adelantar el pago del Impuesto a la Renta fue desestimada la noche del pasado lunes 10 de agosto por la Corte Constitucional (CC).

La CC declaró la inconstitucionalidad de la recaudación anticipada de impuestos. Esto quiere decir que los 1.188 grandes contribuyentes a los que iba dirigida la medida ya no tendrán que pagar por adelantado una parte del impuesto a la renta generado en el primer semestre de este año.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 1109, emitido el pasado 27 de julio -declarado inconstitucional-, la liquidación y pago del anticipo debía ser efectuado hasta el viernes 14 de agosto.

Ante lo sucedido, María Paula Romo, ministra de Gobierno, señaló que la decisión de la Corte es “muy grave” y añadió que se suma a las dificultades que debe afrontar en medio de la crisis sanitaria. No obstante, la funcionaria dijo que el Gobierno acatará la decisión de la CC.

El Gobierno buscaba obtener $ 280 millones por parte de contribuyentes que en el 2019 tuvieron ventas mayores a $ 5 millones y que en el primer semestre del 2020 hayan generado utilidad contable.

Sin embargo, una vez más, al régimen de Lenín Moreno se le cierra la puerta para conseguir dinero para cerrar la brecha fiscal. En la Ley de Apoyo Humanitario también se contemplaba un aporte de trabajadores y empresas que fue eliminado por la Asamblea.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mencionado que requiere entre $ 3.500 y 4.000 millones para cerrar el año. Incluso, si consigue financiamiento de China de $ 2.400 millones, que está por cerrarse y $ 800 millones del nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también está por finiquitarse, según las cifras presentadas a los inversionistas cuando se inició la renegociación de la deuda.

Mientras tanto, el Gobierno sigue acumulando atrasos de pagos en diferentes frentes: gobiernos autónomos, salarios, proveedores, etc. A fines de junio, esa deuda llegaba a más de $ 3.500 millones. Una de las alternativas que ha encontrado Finanzas es el pago por medio de papeles (bonos del Estado) mientras consigue liquidez.

Para Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, la medida de la CC ponen más cuesta arriba el cierre del año al Gobierno. García sostiene que en materia de contribuciones no hay apoyo político. Por ahora, la esperanza del régimen son los organismos multilaterales. El catedrático asegura, ante ese panorama, mantener los atrasos de pagos en este año.

Los atrasos pueden agudizarse

Al Gobierno no le queda margen para aumentar impuestos por su mal manejo político y la falta de compromiso de todos los sectores, señaló García. Ante la dramática situación fiscal, los atrasos en los pagos serán constantes en este año.

La pelota está en la cancha del próximo Gobierno, señaló el catedrático. Por ahora, el régimen buscará terminar su periodo de la manera menos aparatosa posible para que las siguientes autoridades tomen decisiones más complejas en materia económica.

Las alternativas

• Patrimonio: El consejero Económico del Gobierno, Manuel González, ha planteado la alternativa de cobrar, por una sola ocasión, un impuesto a los más altos patrimonios. Según cifras preliminares, la medida daría al fisco unos $ 1.000 millones. La idea ha generado debate y se ha señalado que restaría liquidez a empresas. 
• IVA: El FMI ha señalado, en uno de sus últimos reportes de la economía ecuatoriana, que el próximo Gobierno deberá realizar una reforma fiscal. Las necesidades de financiamiento en los próximos años están entre los $ 8.000 y 10.0000 millones al año, según las estimaciones del organismo.