Estaba tan bien hecha la trama, casi sin fisuras, excepto por un detalle: el registro de las mercaderías (cardex) de Ecuagran y Delcorp, relacionadas entre sí.

En abril de 2019 la Superintendencia de Compañías “no tenía evidencia real de la situación de las facturas” de Ecuagran, salvo los comentarios (secreto a voces) de que tenía problemas, por lo tanto no podía intervenir, pero sí pedirle información. Y eso se hace.

Las facturas eran lícitas (tenían la aprobación del Servicio de Rentas Internas); la empresa relacionada (Delcorp) compró el inventario; estaban los registros contables de la mercadería y la orden de bodega; y al otro lado la orden de venta.

“El inventario físico estaba en los silos, no es que no tenían inventarios”, dice una fuente cercana al proceso. En los silos había inventarios de la compañía, de terceros y de relacionados, pero la autoridad observó un cardex (registro de inventarios), una muestra y se aprovechó de ella porque no le alertaron ciertas transacciones. Ahí observó el detalle, el “pretexto” para poder intervenirla.

“Lo que sí nos preocupó es que esas muestras que tomamos estaban en el mercado de valores circulando en un monto importante, entonces le dijimos a Ecuagran estas “facturas las pagas -todas las que están en el mercado-, y no vuelves a colocar más”. Después se comienza a formar su pirámide: emite obligaciones de largo plazo para sustituir pasivos de corto plazo: se endeuda en la Bolsa para pagar facturas.

Pero había una condición, la plata que entra por la emisión Ecuagran no la podía usar. Toda la venta de papeles debía entrar en un fideicomiso. Se le pidió, además, garantías específicas y prenda comercial de inventario, fianza solidaria del dueño de la empresa; los derechos de cobro de cartera iban a otro fideicomiso. Nada de eso detuvo el desfalco. A Delcorp se le impusieron iguales condiciones y algo más: debía pagar $ 8 millones a Nitro -empresa extranjera proveedora de granos- que tenía hipotecada a su favor la planta de Ecuagran. Así, la planta serviría de garantía para los nuevos obligacionistas.

Pero el destino de esos recursos fue desviado nuevamente. Delcorp y Ecuagran se aprovecharon de la pandemia para colocar esas nuevas emisiones (marzo, abril, mayo y junio de 2020). Colocaron la mitad.

“Los auditores externos no reportaron anomalía alguna en los inventarios ni en las cuentas por pagar; estaba limpio”. Contra ellos la Superintendencia inicia procesos en la Fiscalía, así como en contra de los auditores externos y posiblemente contra los representantes de los obligacionistas. Estos representantes de los inversionistas tampoco detectaron fallas algunas.

“Ellos estaban obligados, tenían que ver si la empresa estaba generando los suficientes recursos para pagar el dividendo; tiene la facultad de exigir garantías; debe revisar el destino de los recursos”, señala un experto a Diario EXPRESO.

Ricardo Viteri, gerente de ProspectusLaw C. A., es el representante de los obligacionistas de la sexta emisión de Delcorp y Ecuagran, la que está impaga según Decevale.

Radmila Pandzic, gerente del Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S. A., es representante de los obligacionistas de la quinta emisión de Delcorp.

Son cuatro los estudios jurídicos que son contratados como representantes de todas las obligaciones del mercado de valores de Ecuador.

Cuando estalla el problema, los administradores se fueron del país y la respuesta fue que, por tiempos de pandemia, no pudieron conseguir créditos con los proveedores. Se fueron a Estados Unidos para hablar con ellos, para obtener suministro de inventarios, decían los mandos medios de las empresas Delcorp y Ecuagran, que no le han pagado al Instituto de Seguridad Social de la Policía cerca de 20 millones de dólares. La banca local no les daba préstamo alguno.