Los tentáculos de la recaudación tributaria del Gobierno cruzan fronteras para apuntar a los miles de millones de dólares que, en activos, tienen personas naturales o empresas en el exterior y que, por algún motivo, no han sido declarados en suelo nacional. No se busca repatriarlos, se aclara; pero sí flexibilizar el trámite para que estos paguen impuestos. 

La propuesta se incluye en el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad, que se analiza en la Asamblea. Allí se crea el Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal para la Declaración de Activos, que plantea gravar con un tributo los bienes que, estando en el exterior, se hayan originado con ingresos o recursos obtenidos en Ecuador:desde bienes inmuebles y vehículos hasta acciones o capitales invertidos. La propuesta incluye una tasa que va del 3,5 % al  5,5 %, que variará según la fecha en que se decida pagar: marzo, junio o diciembre del próximo año.

El mecanismo, explican especialistas tributarios, no es nuevo en la región. Algunos países como Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile ya tienen en vigencia este tipo de medida, incluso aplicando tasas más altas. Para el analista Napoleón Santa María, este trámite no es otra cosa que una vía para nacionalizar estos activos, un proceso que permitiría aumentar la recaudación, pues no solo implica cobrar este impuesto que se crea o cobrar más tributos por patrimonio, sino asegurarse recursos a futuro. “Al declarar, esos capitales terminan nacionalizándose y pagando intereses. Si son inmuebles, estos se arrendarán, generarán plusvalía, alguna rentabilidad, que podrá empezar a tributar en Ecuador. Ese será el efecto más importante”, analiza.

Es difícil cuantificar con exactitud la cantidad de activos que existen afuera y no están declarados, pero Santa María menciona que en algún momento desde la Comisión Anticorrupción se llegó a calcular que en los últimos 20 años habrían salido del país cerca de $ 30.000 millones. “Eso es un 30 % de nuestro PIB (Producto Interno Bruto). Que de eso se declare un 20 %, 30 %, tener  $ 9.000 millones en nuestra economía sería importantísimo”.

Pablo Guevara, socio de la consultora Andersen en Ecuador, menciona que la propuesta necesita todavía ciertos ajustes para evitar que esto termine en letra muerta.

Si bien los resultados de las declaraciones están supeditados al contexto económico que atraviesa cada país, estos también están determinados por el nivel de confianza que se crea en estos contribuyentes. Hay que dejar por sentada la reserva y el cuidado que se tendrá sobre esta información, para “estar seguros de que si el día de mañana viene un nuevo Gobierno, este no perseguirá el patrimonio bien logrado”.

Este es el principal temor que la gente tiene, sostiene Guevara, y hay que trabajar en esa seguridad jurídica para evitar una desmotivación; pero a cambio, él también cree que se debería implementar un método de coerción. “Que sienta también que esta es una oportunidad para que no corra el riesgo de que, si el Estado lo descubre en este ilícito, se le aplique el mayor castigo legal... Por ello el ambiente de control es fundamental para que el mecanismo sea tomado en serio. Que sea casi como una amenaza que les diga: ‘Oye, declara porque lo que se viene es peor’”.

El proyecto no pide explicar el origen de estos bienes, solo demostrar su propiedad y declararlos, un trámite que no estará sujeto a ninguna determinación administrativa ni procesos penales tributarios.

Para los expertos, las facilidades que se plantean son buenas. De lo contrario, el riesgo sería que estos activos terminen declarándose en otros lugares. Sin embargo, consideran que aquí también será necesario aplicar ciertas excepciones, para evitar que se cometan abusos.

No todos deben beneficiarse de esto. De ahí que se tendría que aplicar algún tipo de filtro sobre exfuncionarios, exautoridades de elección popular, miembros de las Fuerzas Armadas... porque, dicen, normalmente son cargos vulnerables a enriquecimiento ilícito por actos de corrupción.