Cooperativas en Ecuador: ¿Qué pasa con tus ahorros si una entra en liquidación?

La liquidación de cooperativas de ahorro y crédito es un tema que genera incertidumbre entre los ecuatorianos, especialmente tras los cierres recientes de entidades como la cooperativa CREA en Azuay y la cooperativa Incoop en Quito. 

¿Qué ocurre con el dinero que los socios depositaron en estas entidades? ¿Existe algún mecanismo de protección? 

Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y consultora en supervisión financiera, explica en detalle los procesos que la ley establece para resguardar los ahorros de los ciudadanos. 

El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) es la norma que regula al sistema financiero nacional en su conjunto. 

Esto significa que las reglas de liquidación son las mismas tanto para bancos como para cooperativas. 

“El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene las mismas regulaciones para la liquidación, sea la entidad un banco o una cooperativa”, precisa Hernández. 

La diferencia, sin embargo, radica en el tipo de liquidación y en el tamaño de la entidad, factores que determinan cómo y cuánto recuperan los socios.Existen dos tipos de liquidación: 

• voluntaria: los socios o accionistas están de acuerdo con el cierre de la entidad.

Para que esta proceda, la ley exige que los activos cubran los pasivos, lo que implica que los depósitos serían devueltos. 

Lo que podría perderse, en este escenario, es el aporte que cada socio realizó al momento de afiliarse, ya que su responsabilidad está limitada a ese monto. 

• forzosa

En la liquidación forzosa, en cambio, el organismo de control detecta causales como la caída de la solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido o el incumplimiento de programas de supervisión intensiva, y ordena el cierre mediante una resolución.

¿Cómo funciona el seguro de depósitos en las cooperativas?

Cuando una cooperativa entra en liquidación forzosa, se activa el seguro de depósitos que administra la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede). 

Este seguro no tiene costo para los depositantes, ya que son las propias entidades financieras quienes aportan al fondo como parte de sus obligaciones regulatorias. 

Su finalidad es devolver los ahorros a los socios afectados en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, el monto máximo que cubre la Cosede no es igual para todas las cooperativas: depende del segmento al que pertenece la entidad, una clasificación que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) establece según el nivel de activos de cada institución.

1. Las cooperativas del segmento 1, que son las más grandes con activos superiores a $80 millones, tienen una cobertura de hasta $32.000, el mismo monto que aplica para los bancos privados. 
2. En el segmento 2, la cobertura alcanza los $11.290. 
3. Para el segmento 3 el tope es de $5.000, mientras que en los segmentos 4 y 5 la cobertura cubre hasta $1.000 por persona y por cuenta.

Esta diferenciación responde a una regla del propio COMYF: el seguro debe cubrir al 100% del monto a más del 90% de los depositantes. “Depende del segmento. Si están en el segmento uno, pasa exactamente lo mismo que con los ahorros en los bancos”, explica Hernández. 

Según datos de la Cosede, a diciembre de 2025, el seguro cubría al 97,80% de los depositantes en cooperativas en el 100% de sus ahorros.

¿Qué pasa con los ahorros que superan la cobertura?

Una vez que la Cosede realiza el pago inicial del seguro de depósitos, el liquidador designado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) se encarga de vender los activos de la entidad y cobrar las cuentas pendientes. 

Con esos recursos se van cubriendo, en fases sucesivas, los saldos que excedieron la cobertura del seguro. Existe un orden de prelación de pagos establecido por ley: primero se atienden las obligaciones laborales y las acreencias de personas con enfermedades catastróficas, y después se van pagando los depósitos restantes de forma escalonada.

Un ejemplo claro

Hernández pone como referencia el caso de la cooperativa Coopera, en Cuenca, que fue liquidada hace varios años. Con el seguro de depósitos se logró cubrir al 96% de los socios en su totalidad. El 4% restante fue recibiendo pagos en las distintas fases del proceso, hasta que quedaron apenas 13 personas con saldos pendientes. En esas etapas finales, la liquidación llegó a pagar montos de hasta $150.000 a socios con acreencias elevadas. “Lo que normalmente queda al final son pocas personas con acreencias muy altas, que se demoran en recuperarse y en algunos casos no se cubren completamente”, advierte la especialista.

¿Quiénes son los responsables cuando una cooperativa quiebra?

La Constitución, el COMYF y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (Loeps) establecen que los responsables de la solvencia de una entidad financiera son sus administradores. 

En el caso de las cooperativas, estos son los socios que integran el consejo de administración y el consejo de vigilancia, así como el gerente designado por ellos. 

Cuando una entidad entra en liquidación, los administradores cesan en funciones y el único representante legal pasa a ser el liquidador.

Hernández alerta sobre un error frecuente: muchos socios afectados inician procesos judiciales contra los exadministradores, como demandas por estafa, cuando en realidad es el liquidador a quien se le debe exigir información y los pagos correspondientes. 

“Lo único que hacen esos recursos jurisdiccionales es representar gastos y tiempo para los acreedores de la cooperativa en liquidación”, comenta. El liquidador es quien gestiona la venta de activos, la recuperación de cartera y la distribución de los pagos conforme a la ley.

¿Por qué la educación financiera es clave para proteger su dinero?

Para Hernández, las liquidaciones de cooperativas deberían servir como una lección sobre la importancia de tomar decisiones financieras informadas. La especialista advierte que en Ecuador persiste una cultura de inversión guiada por la tasa de interés más alta, sin evaluar la solidez de la entidad ni verificar si está regulada. “Una tasa alta debería ser una señal de alerta y no una motivación”, enfatiza.

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