La tenencia de predios de la hacienda Ayalán (Morro-Guayas), un proyecto social que desde el 2017 apuntaba a beneficiar a 365 emigrantes como un estímulo de retorno al país, ha abierto una disputa legal entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y un grupo de beneficiarios que cuentan con 11 adjudicaciones sobre 1.576 hectáreas, de las 3.787 que tiene esta propiedad. La cartera de Estado cuestiona la forma y los tiempos en que se hicieron los trámites; las empresas camaroneras, en cambio, aseguran que su posesión se hizo en el marco de la legalidad.

La primera diferencia de criterio se abre en torno a si estas adjudicaciones, que se concretaron entre abril de 2021 y mayo de 2022, debieron darse o no. Según Andrés Durango, subsecretario de Tierras Rurales del MAG, esto no debió suceder, porque el terreno, que entró en el 2012 en un proceso de expropiación, no ha pasado aún a manos del Estado. Tal como contó EXPRESO el domingo pasado, esa figura permitió que personas naturales y jurídicas se beneficiaran de las condiciones que da el hacerse de un terreno baldío, declarado de interés social: por hectárea llegó a pagarse entre $ 21 y $ 165, por debajo de los $ 10.000 que llega a ofrecerse en el ámbito comercial.

Entre los beneficiarios están personas naturales, pero también cinco camaroneras del grupo Cofimar, que hoy defienden la tenencia de cerca de 850 hectáreas. Xavier Valverde, abogado de este grupo de compañías, quien ayer accedió a hablar con EXPRESO, señala que la legalidad de lo actuado está en la Resolución 295 que el Ministerio de Agricultura firma en agosto de 2012 para declarar a Ayalán, de propiedad de la compañía Valoriani, de “interés social y de ocupación inmediata”, una figura que nace a través del Decreto Ejecutivo de 2009, que crea el Plan de Tierras para viabilizar el catastro de tierras improductivas.

Según Valverde, la hacienda pasa a ser propiedad del Estado, una vez que la “declaratoria pasó a ser inscrita en el Registro de la Propiedad”. Los procesos que siguen después (el juicio de expropiación y la mediación) fueron para acordar el valor de la tierra (fijada en $ 1,3 millones), el paso previo para que Valoriani firme una escritura de compra y venta; una rúbrica que aunque no se ha dado, para Valverde, no inhabilita la tenencia estatal.

No obstante, Durango señala que tal documento sí es necesario; por ello, dice, se ha solicitado una revisión de esto y sobre la forma en que llegaron a adjudicarse estas hectáreas. “Tal como lo dice la Ley de Tierras, esto debió ser redistribuido a asociaciones campesinas, no a compañías”, sostiene.

En este último tema, Valverde tiene otra lectura jurídica, para defender que las empresas sí tienen derecho a acceder a la distribución de tierras estatales, cita una de las motivaciones que se incluyen en la misma resolución de 2012: la del art. 51 de la Ley de Desarrollo Agrario, que ubica a las compañías como parte de las potenciales beneficiarias. Si bien, añade, en el artículo 2 de la resolución se delimita la entrega a organizaciones sociales campesinas, allí se menciona que estas deben ser calificadas por el Plan Tierra, un plan que, aclara, quedó sin efecto, porque nunca se creó una comisión para hacerse tal filtro.

Otro tema que el MAG pone bajo observación son los tiempos en que se hicieron estas adjudicaciones. Según información a la que este Diario tuvo acceso, de las once solicitudes, nueve llegaron a concretarse en menos de un mes, con la ayuda de exfuncionarios de la administración del exministro de Agricultura, Pedro Álava.

Entre esas están las adjudicaciones a las camaroneras Krismareseafood, Cultivos Trifásicos Cultrisa y Cofimar, cuyas peticiones de adjudicaciones se hicieron entre el 1 y 3 de diciembre de 2021 y llegaron a concretarse el 30 de diciembre del mismo año. En el caso de personas naturales, el trámite se logró hacer en dos y siete días. Una celeridad que sorprende, pues en el MAG, dice Durango, yacen procesos que tardan más meses o años.

A Valverde no le sorprenden los tiempos porque dice que el verdadero proceso para hacerse dueño de estas tierras empezó desde años antes. No es un trámite, señala, que logró hacerse de la noche a la mañana. Al lugar, dice, ellos llegaron en el 2013, pero la ley señala que todo nuevo posesionario debe acreditar el tiempo mínimo de 5 años para ser adjudicatario de la tierra rural estatal, un proceso que ellos habrían cumplido a cabalidad. “No por capricho, sino por el debido proceso, el Estado resuelve en 2019 (gobierno de Lenín Moreno) darnos la posesión. Tuve que esperar, trabajar, regularizarme y cumplir el debido proceso para que me reconozcan la posesión” bajo un plan productivo.

Durango enfatiza que las investigaciones del ministerio y la Fiscalía (sobre el tema ya se han presentado 12 denuncias penales) deberán comprobar toda esa información. “Acordémonos que a Ayalán las asociaciones de migrantes empezaron a llegar desde el 2017, con actas de labor agrícola autorizadas por el MAG, lo que quiere decir que para ese entonces nadie más estaba en el predio. Eso habría que ver”.

Valverde señala que la llegada del grupo Cofimar a la hacienda Ayalán no es casualidad. En áreas colindantes, la firma, una de las siete primeras exportadoras de camarón en el país, tiene propiedades de más de 3.000 ha. La propuesta de adquirir terrenos en Ayalán, sostiene, vino años atrás de la propia empresa Valoriani, con quien se intentó una compra previa. El derecho a la tierra, recalca, no debe ser discriminatorio, más cuando el grupo está demostrando tener una producción sostenible y sustentable, dos requisitos para el buen manejo de predios rurales.

• PARA SABER

EL ORIGEN. El Plan Retorno de Migrantes, creado en el gobierno de Rafael Correa, motivó el proceso de expropiación de tierras ( de más de dos años de desocupación). Estas tierras se entregarían a migrantes para incentivar su retorno.

OCUPACIÓN. En el 2012, Ayalán se declara de interés social y en el 2017, con actas de labor agrícola, los migrantes ingresan al lugar. Ellos aún no tienen títulos de propiedad, pero las  camaroneras ya poseen adjudicaciones.