Economia y derecho: pesima convivencia
La fracturación social y política del país y la latente crisis económica van de la mano, y será muy difícil remontar la circunstancia si no existe un pacto social que nos permita formar una nación con propósitos comunes. No habrá prosperidad en ausencia del imperio de la ley, objetivo que, vistas las recientes actuaciones de las cortes, cada día aparece más distante. El tejido del desarrollo y del progreso se basa, aparte de buenas políticas y manejo idóneo de la economía, en la vigencia de la seguridad jurídica sustentada en una apta administración de la justicia. La discusión nacional pone mucho empeño en la inversión externa, pero esta siempre constituirá el menor de los elementos en la formación de capital, determinante del crecimiento, y será permanentemente esquiva en la medida en que los contratos y los pactos sean letra muerta o sujetos a variaciones extremas.
Los problemas de estancamiento económico pueden superarse dependiendo de la calidad de liderazgo que se ejerce, tanto desde el gobierno como de las instancias de la sociedad civil. El mercado se adecúa a la calidad, estabilidad y vigencia de las instituciones. Mas, el Estado ecuatoriano es centralizado, disfuncional y obeso, y constituye el meollo mismo del problema. Es un ente incapaz de prestar servicios de calidad y se entromete en tareas de producción que no sabe cómo enfrentar. Las leyes se conciben casi siempre con la consigna de crear nuevos entes burocráticos, organizar monopolios ineficientes y destructores de valor, o de ampliar la ya asfixiante trama de regulaciones que, además de conspirar contra la producción, cobija la corrupción. Ecuador se retrata como un país corrupto e inseguro, con una economía poco competitiva, presa de los ‘shocks’ externos e internos, y cargando pesados fardos de impuestos que conforman un cuadro de subdesarrollo.
La visión de conjunto es borrosa. La diversidad, que debería ser un activo, es un serio pasivo. Las inequidades regionales en la distribución de los recursos son inaceptables. El gobierno decidió atarse a un acuerdo con el FMI que busca extraer más impuestos en una maniobra torpe, antitécnica y que ahondará el efecto recesivo que ha significado la pérdida de más de trescientos mil empleos durante el gobierno de Lenín Moreno, sin contar el medio millón de plazas de trabajo que fueron prometidas con demagogia populista durante la campaña electoral.
Las instituciones son deleznables. Hay una Corte Constitucional que actuó contra derecho para atropellar el sentir de las grandes mayorías en materia del matrimonio como lazo contractual de la estructura familiar. Hay pugnas declaradas en la administración de justicia, la vindicta pública y la función de control. La corrupción se mantiene impune y continúa. El Cpccs demuestra todos los días su razón para no existir. La dolarización permitió aspirar a tener una economía próspera y más equitativa, pero corre el riesgo de ser destruida por el único ente que puede atentar contra ella: el Gobierno nacional.
¿Es esta la forma de llegar al bicentenario o de aspirar a mejores días? Si el derecho cojea, la institucionalidad será precaria y la economía continuará siendo motivo de frustración.
