En debate. Han transcurrido nueve días desde que el alcalde de Durán, Luis Chonillo, hizo al Ministerio de Educación un “llamado urgente a la implementación de la educación virtual en las instituciones educativas del cantón como medida preventiva”, en medio de la ola de violencia que aqueja a esta localidad y de la que incluso el burgomaestre ha sido víctima directa.

Sin embargo, a criterio de la ministra de Educación, María Brown, no hay justificación que sostenga el pedido de Chonillo sobre la educación virtual en el cantón porque, tal como lo dijo en una entrevista radial, “la educación presencial debe ser la prioridad en cualquier contexto”. Es más, aseguró en otra entrevista que los casos de los 146 niños y adolescentes (de entre 4 y 18 años de edad) que han perdido la vida en hechos violentos, como ajustes de cuentas y tiroteos, no se suscitaron dentro de una institución educativa. Esto para defender el argumento de que estas no son un lugar de peligro, sino más bien la vía pública.

Es un criterio con el que se opone “rotundamente” María (nombre protegido), quien tiene a sus tres hijos en una unidad educativa del sector El Recreo, en Durán. “Ella lo dice porque sus hijos no estudian aquí y no le ha tocado correr, a la voz de balacera, a la escuela a sacar a sus hijos”. La mujer afirma que solo en la semana que va del 11 al 15 de septiembre, retiró a su hijo menor cuatro veces de la escuela, porque hubo más de un enfrentamiento a tiros.

La mujer, que ha residido por más de cinco años en Durán, reconoce que la presencialidad es esencial para el aprendizaje de los niños. No obstante, considera que en el contexto de violencia que viven los habitantes del cantón, esa premisa pasa a segundo plano porque está en juego la vida de sus hijos. “Yo prefiero averiguar de dónde saco internet o cómo hago con las tareas de mis hijos, a que me maten uno. O por último, prefiero un hijo burro que un hijo muerto”.

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En entrevista con Diario EXPRESO, la viceministra de Educación, Diana Castellanos, explicó que la decisión de la cartera de Estado de priorizar la presencialidad en las aulas se tomó luego de realizar un análisis técnico que recoge datos y experiencias internacionales, que demuestran que la presencialidad en las instituciones educativas del país “no solo permite garantizar el proceso de aprendizaje y la construcción de planes de vida de los estudiantes, sino también evita que niños y niñas sean objeto de los reclutamientos forzados de los grupos delictivos”.

Castellanos explica que según análisis internacionales, se ha identificado que el reclutamiento forzado de niños por parte de bandas criminales, no solo sucede cuando los menores están sin el cuidado de una persona adulta, sino también cuando estos no realizan algún tipo de actividad, como ir a la escuela.

Pero las conclusiones de Educación no están tomando en cuenta el peligro que corren los menores y los docentes en el contexto de violencia que sufre el cantón, opina Hilario Beltrán, presidente de la Unidad Nacional de Educadores (UNE), quien en entrevista con este Diario dijo que “se irán a la virtualidad quiera o no la ministra, el Estado, el presidente o quien sea”, porque el número de extorsiones que están recibiendo no solo afecta a los docentes, también a los directivos de las instituciones educativas.

Sostiene que “el plan Escuela Segura ha fracasado”, pues si bien se ofreció patrullaje continuo en las unidades educativas y sus alrededores, esto no se ha cumplido. “Los policías se limitan a llegar a la hora de entrada y salida, nada más”.

Y si bien el Ministerio de Educación prioriza la presencialidad en las aulas como un derecho de los estudiantes “en cualquier contexto”, para Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos, es importante aterrizar los datos con los que se determinó el análisis que negó el pedido de Chonillo sobre implementar las clases virtuales en todo el cantón. Advierte que se deben utilizar con cautela las categorías del derecho internacional de derechos humanos, porque “no se puede comparar la situación que vive Ucrania con la de Ecuador”.

Acerca de las cifras con las que Brown justifica que las escuelas no son un lugar peligroso, sino más bien la vía pública y los hogares, Ordóñez señala que “como sociedad debería horrorizarnos que 147 niñas, niños y adolescentes hayan sido asesinados en medio de esta ola de violencia”.

Según la viceministra de Educación, la cartera de Estado ha dejado abierta la posibilidad de suspender o disponer clases telemáticas de manera parcial y temporal en las instituciones educativas cuando surja un hecho que ponga en riesgo a los estudiantes y personal educativo.

Pues desde la cartera de Estado señalan que la situación de violencia que aqueja a las instituciones educativas no es ajena a la que se vive en los barrios u hogares, pues explica que muchos “están ubicados cerca de la institución”

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