Una normativa que no se adapta al momento. Ha pasado un año desde que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció una reforma profunda a Quito Honesto, ente creado para prevenir y combatir la corrupción en el Municipio, pero los cambios no llegan.

Esta entidad nació en 2004 y la normativa que rige su funcionamiento no se ha modernizado en 17 años. Su presidente es nombrado por el alcalde de turno y la institución tiene cero competencias para sancionar a funcionarios corruptos, entre otras limitaciones. Las críticas a Quito Honesto, una entidad que en 2020 le costó a la ciudad 1,2 millones de dólares, se han multiplicado en los últimos meses porque no fue capaz de emitir las alertas y detectar los actos de corrupción que ahora se investigan por otras entidades como la Fiscalía y Contraloría.

En junio del año pasado, Yunda aseguraba que esta instancia hizo el seguimiento a los procesos de adquisición de insumos médicos por la pandemia de la COVID-19 y que no encontró irregularidades.

A la justicia, sin embargo, le quedan dudas y el alcalde está llamado a juicio por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar coronavirus. Se espera que el Tribunal de la Corte de Pichincha establezca día y hora para el juzgamiento. 

El propio Quito Honesto reconoce que necesita un ‘nuevo aire’ y en su informe de rendición de cuentas del año 2020, que se prevé sea presentado hoy, plantea no menos de nueve reformas. No hacerlas podría significar más pedidos de extinción.

Estos cambios deberían incluir una aclaración de si “la institución debe salir de la esfera municipal para convertirse en un observatorio de políticas públicas o convertirse en una verdadera agencia con capacidad sancionatoria (acorde con la normativa nacional y local vigente) y conectada de manera más estrecha con la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado”.

Además, de una garantía de que los funcionarios municipales van a entregar información de manera oportuna, clara y veraz a Quito Honesto, so pena de sanciones por no hacerlo, para que pueda desarrollar su principal misión: prevenir e investigar posibles actos irregulares.

Para el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, el momento de la reestructuración pasó. Aunque esta entidad fue creada cuando ejerció la Alcaldía de la capital, considera que los últimos acontecimientos, más los sucedidos en la administración de Mauricio Rodas, cuando dos concejales acudían al Municipio con grillete mientras se los investigaba por corrupción, son motivos más que suficientes para su extinción.

“He planteado que lo mejor sería que haya una comisión de la sociedad civil, incluso se podría pensar que del presupuesto municipal se haga una asignación para que funcione, pero ya no vinculada o dependiente del Municipio, porque el que nombra tiene una capacidad de presión”, considera Moncayo.

En el Concejo Metropolitano esperan que llegue por parte del alcalde la propuesta de reforma para Quito Honesto, pero los problemas políticos que afronta el Cabildo han hecho que este y otros temas importantes como el Metro queden congelados.

La concejala Analía Ledesma considera que lo primero que debe cambiar es la forma de designación de la cabeza de la entidad, que ahora está en manos de Yunda. “Quien quiera que quede al frente del Municipio debe tratar este y otros asuntos. La ciudad no puede continuar en el estado actual”, señaló.

EXPRESO buscó la versión del presidente de esta institución, Michel Rowland, quien dijo que su comunicadora se pondría en contacto con este Diario para absolver las inquietudes, algo que no sucedió hasta el cierre de esta edición.

La transparencia se publicita a medias

En 2020, Quito Honesto encontró que apenas el 53 % de las entidades adscritas al Municipio de Quito tiene información completa en la sección Transparencia.

En esta debe constar información sobre temas administrativos, financieros, talento humano, gestión, auditorías y de planificación, contenida en alrededor de 20 ítems.

El 12 % presenta datos incompletos para este acápite y un porcentaje similar, simplemente no cuenta con ningún tipo de información al respecto.

En la revisión se tomó en cuenta a la Administración General, doce empresas públicas metropolitanas, una agencia y cuatro entidades autónomas.