La caja donde se supone que iba a meter a su madre costó $ 500; el traje desechable que adquirió para buscar el cuerpo en el hospital, $ 60; por la funda en la que estaba previsto que guarden a Norma Engracia García, su último hijo, Roberto Farías Engracia, pagó $ 110; invirtió $ 15 más en papeles de defunción y otros $ 50 para obtener un tique en el cementerio Jardines de Esperanza.

Todo ese trámite, que tomó tres días, no sirvió de nada. Nunca hubo sepelio, porque nunca hubo cuerpo de regreso a la familia. No tener una tumba para llorar a su madre este Día de los Difuntos y el estado de ansiedad y depresión en el que cayó después de todo esto es, entonces, el precio más alto de esa desgracia que paga hoy Roberto Farías.

Norma Engracia García falleció el 30 de marzo de 2020 en el hospital Efrén Jurado, a las 23:00, trece horas después de que Roberto Farías la sacó grave de la casa en la que vivió toda la vida, en callejón 11 y Cristóbal Colón, hacia una travesía de cerca de seis horas en busca de una casa de salud.

Cuando el 3 de abril fue a retirarla, recibió la noticia de que el cuerpo había sido movilizado al hospital Teodoro Maldonado. Ahí empezó su travesía junto con más de medio centenar de familias que pasan su calvario.

En total, 216 cuerpos de la emergencia sanitaria llegaron a Medicina Legal para ser reconocidos entre fines de marzo y la primera quincena de abril del año pasado, pero la cifra varió. A medida que avanzaba el reconocimiento antropológico y de ADN, otros escenarios se divisaron en esta catástrofe. Por ejemplo, cuando se lograba identificar uno “resultaba que aparecía en lista como enterrado o incinerado”, cuenta Freddy Herrera, ex coordinador nacional de Medicina Legal.

Este año, 69 fallecidos siguen sin ser identificados, de acuerdo con datos cedidos por Medicina Legal a Defensoría y Fiscalía, en medio de sendas acciones penales y de protección impuestas por la vulneración de derechos (ver notas inferiores).

Norma Engracia puede estar en medio de ellos o puede ser alguna de las cenizas equivocadas de un fallecido cremado en pandemia, que la Policía ha retirado de casas de deudos que pensaron que se trataba de los restos de sus familiares.

De este tipo de errores, este Diario conoce al menos dos casos: el de Elsa Maldonado, quien recibió una llamada con el anuncio de que su madre no era la mujer cremada que tenía en un altar, sino que estaba inhumada en La Aurora; y el de Alba Maruri, cuyas supuestas cenizas fueron entregadas a la familia y resultó que en realidad estaba viva en un hospital.

Roberto Farías vive con su sobrina, Mae, a quien Norma Engracia crio desde los tres años luego de que su hija falleciera. Cada mañana después de su deceso, ambos tenían que mirar la caja vacía en la sala, que vendieron cuando habían pasado ya muchos días.

“Aún recuerdo que en el (hospital) Efrén Jurado me dijeron que mi mamá había salido favorecida para que los gastos fúnebres sean gratis”, cuenta Roberto, que, como decenas de familias, se unió a grupos que fueron defendidos por autoridades y abogados, en busca de una reparación integral.

“Plata no queremos. Solo queremos poder enterrar a mi madre. Tenía una familia. No merece una muerte así. A veces voy al cementerio a visitar a mi papá y le pido a Dios que nos ayude a encontrarla. Es duro. Es difícil no ir a visitarla. Es horrible que no haya tumba. Con la plata no hago nada”, dice llorando.

En marzo de 2020 hubo 7.726 muertes en el país. Guayas registró ese mes 4.236, casi el doble de los fallecimientos de ese periodo en 2019. Eran tiempos en que se inhumaba aproximadamente a tres decenas de personas en cada cementerio, un pico que subió al doble y triple para la primera quincena de abril.

El colapso mortuorio, según Defensoría, devino en mal manejo de cuerpos y aún en estos días hay cruce de responsabilidades entre autoridades de Salud y los miembros de las Fuerzas Armadas. Se dice que etiquetaron mal los cuerpos o que no respetaron el protocolo,

Las familias quieren respuesta. Este Diario las solicitó a la nueva administración de esa entidad y a Fiscalía, pero al cierre de esta edición no hubo contestación alguna.

En el proceso 09572-2020-01385, que puede consultarse en el Consejo de la Judicatura, consta el caso de Héctor Arias Soledispa, otro de los fallecidos desaparecidos en pandemia, cuya familia dio un paso más allá. EXPRESO habló con José Flores, abogado de Ángela Arias Mancheno, hija del difunto. “Alzamos una acción constitucional y una demanda de acceso a la información para poder dar con la ruta del cuerpo. Ella llevó a su padre al IESS de Los Ceibos, por otra dolencia. Allí se contagió y murió. El juez pidió que se entregue la información hace seis meses, pero a la fecha no hay explicaciones”, explica.

El también exconcejal cuenta que en las audiencias se endilgó responsabilidad a los uniformados y hasta al conserje del hospital, lo que le parece un desacierto. Insta a las autoridades a cargo de la identificación a contratar el servicio de antropólogos.

Algunas familias, como la de Adrián Camejo, que espera el cuerpo de Zoila López Valdivieso, están cada vez más contrariadas ante la desidia. Han ido a plantones, a entidades públicas, han hablado con abogados y han tocado las puertas de Medicina Legal. Muchos ya no quieren dar entrevistas, porque eso significa revivir el dolor y porque no creen en las autoridades después de todo lo que pasó.

Ecuador debe recordar, sin embargo, que en este Día de los Difuntos más de medio centenar de deudos no tienen a su fallecido para recordarlo. Es una deuda del país.

Algunos cuerpos identificados, en la lista de inhumados

El 25 de octubre de 2020, cuando Freddy Herrera, entonces coordinador nacional de Medicina Legal, ofreció una entrevista a Diario EXPRESO para hablar sobre la identificación de cuerpos de los fallecidos en pandemia, había 59 NN (sin nombre).

Hasta diciembre, cuando él salió, la cifra había bajado y subido, debido a que hubo casos en los que el identificado constaba en la lista de inhumados y, a veces, incluso la familia había recibido unas cenizas. Esto complicó el proceso y lo alargó, admite Herrera a este Diario.

“Identificamos, hasta el tiempo en que estuve, por antropología forense, 92 cadáveres, de un universo de 216; pero era un problema porque a medida que se lograba eso, se descubría que ellos habían sido supuestamente inhumados o incinerados. De allí que se haya tenido que hacer exhumaciones y el listado de NN aumentaba de nuevo”.

Hasta que se fue, había 64 cuerpos pendientes de identificación. A Defensoría, Criminalística le dijo que son 69 este 2021. A este Diario, la entidad aún no le da respuesta sobre el tema y los avances.

Herrera cuenta que el fiscal del caso solicitó la exhumación de 50 cadáveres inhumados en el Parque de la Paz de La Aurora. Cinco de ellos aún no estaban corroborados, pero fue difícil contactar a los familiares para tomar muestras de ADN.

Adelanta también que en la identificación de cenizas hay baja expectativa. Casi nula, de hecho. “(Con) Cenizas es imposible. Quizás si hubiera fragmentos de osamentas, y únicamente con ayuda internacional”.

Defensoría: “Criminalística dice que todavía faltan 69”

Debieron preverse los muertos por COVID-19 en diciembre de 2019, cuando el virus era apenas un corto en los diarios. Debieron estar preparados, pero no pasó, observa Ángel Valenzuela, experto en derechos humanos de la Defensoría.

Durante las diligencias penales por incumplimiento de funciones y la acción de protección que se siguieron, fue posible confirmar desaciertos, como aquel que reveló que los protocolos de manejo de cadáveres fueron elaborados luego de decretado el estado de excepción, en marzo de 2020.

De los 216 cuerpos reportados como perdidos, a Defensoría llegaron 158 casos que piden reparación del derecho a la vida digna, la muerte digna, tener servicios públicos de calidad y derecho a la seguridad jurídica.

“Salud y el IESS se traspasaron la responsabilidad de lo ocurrido en audiencias, se la endilgaban a las Fuerzas Armadas, por no respetar la cadena de custodia”, dice este funcionario.

“Criminalística dice que todavía faltan 69 cadáveres por identificar, 63 físicos y 6 en ceniza. Es lo que ha llegado aquí a Defensoría recientemente, pero es necesario actualizar datos. El fiscal que lleva el caso es Luis Augusto Rosero Méndez”, explica por su parte Alfonso Morán, actual delegado provincial de la Defensoría.

Diario EXPRESO solicitó la versión de Rosero Méndez a Fiscalía, pero su respuesta, igual que la de Medicina Legal, no llegó hasta el cierre de esta edición. Hay 37 personas que serán beneficiadas de la acción de protección del caso de los cuerpos perdidos de Guayaquil.