No es lo mismo. Un documento privado no es igual a uno público. El primero no necesita una autoridad para autenticarlo. El segundo se hace ante un notario que da fe de él. Un contrato es un documento privado; una declaración juramentada de bienes es un documento público, explicaron los juristas a EXPRESO. El proyecto de Ley de las Declaraciones Juramentadas, que se discute en segundo debate en la Asamblea, permite que estas se hagan vía web y directamente a la Contraloría. Ayer la sesión del pleno se suspendió por los desacuerdos, incluso en las filas del oficialismo, y por el largo número de inscritos para intervenir. Marisol Peñafiel (PAIS) dijo que es necesario fortalecer el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento. Los asambleístas-abogados de la oposición advirtieron que el proyecto contraviene la Constitución: esta establece que la declaración juramentada debe hacerse frente a una autoridad, que es fedataria del otorgamiento de ese documento y de la fecha de elaboración, no de su contenido, aclararon. “La declaración está bajo juramento. Si se omite algo o no se dice la verdad, es perjurio. Eso está penalizado en el Código Orgánico Penal (COIP)”, dijo a este Diario el legislador de Avanza y doctor en Jurisprudencia Bayron Pacheco. El perjurio tampoco se esfuma por el registro en línea, pero sí existe la reserva de la información, que puede levantarse por pedido de la Fiscalía. Para el asambleísta independiente y doctor en Derecho Ramiro Aguilar, el propósito de la propuesta es que las declaraciones no sean públicas. El juramento debe ser frente a una autoridad, tal como dice la Constitución, opina él. “El carácter de documento público le otorga transparencia y acceso a la información. No se puede jurar frente a una laptop”, explicó a EXPRESO. El socialcristiano Henry Cucalón cree que se pueden mantener los dos sistemas. El primero ahorra recursos y papel. El segundo es una lucha contra la corrupción. “Lo fundamental es la voluntad política para declarar la verdad y transparentar esa información”, manifestó. Para estos parlamentarios, la Contraloría necesitaría un ejército de servidores públicos para el seguimiento de las 400.000 declaraciones anuales. “Hay funcionarios que entran en ‘bici’ y salen en automóvil”, sentenció Pacheco. Contraloría La declaración ya es online En la actualidad, la declaración patrimonial jurada se hace ante un notario, pero también vía web. La diferencia está en que online requiere una impresión, el sello de un notario y llevarla a la Contraloría. Esa institución hace un seguimiento con un software que compara la antigua y la nueva declaración. Visualiza los cambios y si hay muchas diferencias, da la alerta. Además hay control por muestreo, señala la información de la Contraloría. Pregunta a los jurisconsultos ¿La declaración vía web tiene el mismo peso que ante un notario? Los documentos no tienen el mismo peso legal. El público es por autoridad competente y da fe de que es auténtico. El privado no tiene ningún valor de prueba ni está certificado por nadie. Jorge Zavala Egas - Jurisconstulto Ambos documentos tienen el mismo valor jurídico. Contienen declaraciones para probar la veracidad y falsedad, lo que busca es conocer si un funcionario ha incrementado su patrimonio. Joffre Campaña - Abogado Los documentos privados no tienen efecto público, solo son prueba entre las partes. Los públicos permiten que la autoridad inicie juicios por delito de perjurio, si descubre que son falsos. Milton Castillo - Doctor en Leyes y constitucionalista No tienen el mismo peso legal. Hay que probar la veracidad del documento online. Una cosa es un contrato o un documento privado; otra es el público del cual no queda ninguna duda. Si quieren cambiar eso deben reformar la Constitución. Rafael Oyarte - Doctor en Jurisprudencia y constitucionalista