Es uno de los sectores que más problemas causa al Gobierno del presidente Lenín Moreno. La política de hidrocarburos generó, hace un año, un paro nacional que terminó con manifestaciones violentas y hasta fallecidos. A meses de terminar su gestión, sin embargo, el Ejecutivo menciona la liberación de precios de los combustibles (aunque esta vez deja de lado los de uso doméstico) por la necesidad de ahorro de recursos que cercan al aparato estatal.

Al mismo tiempo, además, el Gobierno plantea concesiones, seguros y fusiones que despiertan el reclamo de sectores opositores.

El jueves 24 de septiembre de 2020, en horas de la noche, el presidente Moreno publicó el Decreto Ejecutivo 1158, que faculta al sector privado para que importe combustibles de uso industrial para su comercialización. Esa decisión, aunque fue aclarada por el ministro de Energía, René Ortiz, generó reacciones y amenazas de protesta de sectores indígenas, el correísmo y hasta reclamos de la Asamblea.

¿Por qué el Gobierno insiste en medidas de este tipo? La respuesta está en las cifras que maneja la empresa pública Petroecuador. La emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus y los problemas económicos que arrastra el país obligan al Gobierno a buscar un “alivio fiscal”.

Por derivados de crudo, por ejemplo, el Estado pagó más de 1.741 millones de dólares, entre enero y agosto de este año. Eso, pese a que los ingresos por exportaciones de petróleo cayeron en el mismo periodo.

El reporte de Petroecuador evidencia que la exportación de petróleo, en los ocho primeros meses de 2020, generó 2.549 millones de dólares. Es decir, solo 808 millones más que lo utilizado para combustibles.

El dato de exportaciones, además, representa una reducción del 44,16 % si se compara con los 4.565 millones de dólares reportados entre enero y agosto del año pasado.

Por eso la necesidad de fusionar las empresas Petroecuador y Petroamazonas. El proceso, que avanza lento y debe concretarse en tres meses, busca reducir los gastos que tiene el Estado.

La misma razón está detrás de la concesión de la Refinería de Esmeraldas. El proyecto de pasar la mayor planta de hidrocarburos a manos privadas hasta marzo de 2020 generó una acción de inconstitucionalidad y una amenaza de reversión por parte de precandidatos a la Presidencia.

El último punto de controversia en petróleos es la firma de un nuevo seguro para Petroecuador. El proceso, el primero que sería exitoso en cuatro años, costará más de 54,9 millones de dólares y genera críticas por supuestos direccionamientos.