El aparato estatal es, en un régimen de derecho, instrumento para atender las demandas de la colectividad que lo mantiene. Si esa estructura es manejada en función de la conveniencia de los encargados de administrarla, el efecto resultante se traduce en un perjuicio para la sociedad, en una quiebra de la responsabilidad del servidor público y en una clara imposición de una lógica gubernamental totalitaria y absorbente.

El sesgo de ese autoritario comportamiento oficial se manifiesta en forma inocultable para los ojos de la ciudadanía cuando se vive un evento influyente en la vida democrática, por ejemplo, cuando se trata de una consulta popular o de un proceso eleccionario y los encargados de dirigir la administración pública tienen su propia carta o apoyan, de modo directo, a un candidato.

La utilización del poder, en este caso, puede expresarse de diversas maneras. Ya sea mediante la puesta en marcha de una estrategia en la que actúan las mismas instancias gubernamentales, los empleados de distinto rango y la disposición, descontrolada, indiscriminada y abundante de recursos económicos; o ya se trate de medidas adoptadas desde la cúpula del régimen, a través de decisiones a cumplirse por parte de cualquiera de las líneas del mando, o de iniciativas concretadas como cuerpos normativos, gracias a la incondicionalidad y total dependencia de los organismos encargados de aprobar esos proyectos y convertirlos en ley.

Esa forma de actuar, difundida y publicitada con desprendimiento sin límites, genera, es obvio, una sensación de molestia en gran parte de la colectividad, que observa preocupada cómo sus aportes en beneficio del erario público no han sido utilizados para la satisfacción de sus demandas, y puede producir un rechazo creciente, si los efectos de las decisiones, traducidos en leyes, atentan contra los derechos humanos de propiedad, libre funcionamiento del mercado, libertad de inversión, entre muchos.

Así, esas expectativas oficiales, recubiertas y adornadas por un discurso repetitivo y superficial, pragmáticas, demagógicas y de momentáneo alcance, derivan en catastróficas situaciones de inestabilidad múltiple, de pérdida de legitimidad gubernamental y de ruptura entre el Estado y la sociedad civil.