La controversia sigue. Primero fueron los terrenos de Los Samanes vendidos al Ministerio del Ambiente con un pago excedente de 41 millones de dólares. Luego el turno fue para las pensiones que reciben los militares retirados.

Ahora la polémica se centra en las empresas que administra el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). En su último enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa dijo que se había entregado más de 150 empresas a esa entidad.

El objetivo, dijo, fue fortalecer su accionar. Entre ellas hay empresas de catering, hoteles cinco estrellas y empresas metalúrgicas. El Ministerio de Defensa difundió los nombres de 13 empresas en las que el Issfa tiene acciones. Fuentes de esa entidad consultadas por EXPRESO, y que pidieron la reserva de sus nombres, aseguraron que no son 150.

Explicaron que en 2012 el Issfa recibió la administración de 20 compañías. De ellas, siete entraron en un proceso de desinversión y liquidación porque “no eran rentables”.

En las 13 restantes, según esas fuentes, el seguro militar es accionista mayoritario en siete. En las demás tiene minoría de acciones de hasta cerca del 40 % (ver gráfico).

El ministro de Defensa, Fernando Cordero, dijo el sábado que al menos una de ellas, Andec, sería intervenida aunque no precisó plazos.

Trabajadores de Andec habrían denunciado mala administración. “La gente de Andec ha venido a respaldar al Gobierno y se quejan de que no está bien manejada la empresa y vamos a intervenir”, anunció.

En un comunicado, Defensa aseguró que el Issfa, a través de sus empresas, produce 23 millones de dólares anuales. Según la información oficial, el Gobierno requiere $ 500 millones anuales para el pago de pensiones.

¿Cómo llegaron esas empresas a manos del Issfa? Fue parte de la ‘desinversión’ de las empresas militares dispuesta en la Constitución de 2008. En ella se determinó que la participación de los militares será en actividades de seguridad y defensa. En la administración del exministro Javier Ponce se concretó la disposición. Unas empresas se convirtieron en públicas, como Tame, Flopec y Santa Bárbara; y otras pasaron a manos del Issfa para financiar el fondo de pensiones de esa entidad, explicó el general Paco Moncayo.

Este es un nuevo tema de preocupación para los militares retirados que, dijeron, se mantendrán “vigilantes” para cuidar el patrimonio de los pensionistas. Su malestar se centra en el tema de Los Samanes. Alistan acciones. Harán plantones y marchas. El coronel retirado Jorge Villavicencio precisó que los pensionistas no buscan juicios. “Solo que se respete el contrato de venta firmado en 2010”, señaló. Insistió en que no quieren la devolución de Los Samanes porque esa posibilidad prescribió.

Este tema está en la Contraloría que inició una auditoría. La jurista y catedrática Paulina Araujo espera que la Contraloría sepa “cumplir con su rol de investigar cómo fueron invertidos los dineros públicos”. Insistió que en derecho público no existe el error de buena fe.