La contratación de guardianía para las instalaciones de Petroecuador, realizada en 2016, tiene observaciones técnicas, administrativas y hasta indicios de responsabilidad penal. El exgerente de la estatal, sentenciado por delincuencia organizada, Álex Bravo, firmó un contrato por 38,2 millones de dólares para seguridad privada pese a que el Servicio de Contratación de Obras Públicas (Sercop) se opuso. En una comunicación formal, la entidad solicitó que no haya acuerdo.

Bravo, que enfrenta otros procesos legales, desobedeció el pedido del Servicio sin dar una justificación legal. La Contraloría General del Estado revisó el caso y expuso, en un examen especial, incrementos injustificados del presupuesto. EXPRESO consultó en octubre a la estatal Petroecuador sobre la contratación y, sobre todo, por qué se mantiene el convenio con el Consorcio Oro Negro si hay observaciones tan delicadas. Hasta el cierre de esta edición no hubo una postura.

El 31 de octubre, Petroecuador informó a este Diario que la consulta fue trasladada al Departamento Legal. No hubo más pronunciamientos pese a que los pedidos de información continuaron.

La consulta se elevó entonces hasta el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. El funcionario admitió no conocer del tema y dijo que la estatal debe tratar estos conflictos con transparencia y sin incumplir compromisos legales.

Lo que sí se supo es que en 2015, la estatal trató de firmar un contrato de seguridad privado pero no tuvo éxito porque los postulantes no cumplieron los requisitos mínimos. Al año siguiente se reintentó el concurso y, aunque se detectaron los mismos incumplimientos, esta vez sí hubo ganador.

El Consorcio Oro Negro firmó, el 3 de marzo de 2016, el contrato de seguridad con Álex Bravo.

¿Qué inconsistencias tiene el contrato que terminará en febrero del próximo año? Lo primero es un aumento del valor asignado para el servicio de seguridad. El presupuesto, fijado técnicamente, era de 34,2 millones de dólares. Sin argumentos, ese valor creció en cuatro millones de dólares. Supuestamente, el aumento iría en parte a 52 guardias adicionales para Petroecuador.

Lo curioso es que esos puestos adicionales no fueron justificados. Es decir, de los 417 guardias que requería la estatal para sus oficinas, 52 no estaban debidamente sustentados.

La Contraloría, en su último informe con indicios de responsabilidad penal contra Álex Bravo, destaca que la empresa no cumplía los requisitos mínimos de preparación del personal. El resto de solicitudes de los pliegos para el concurso también estaban incompletos.

Esas falencias y la falta de estudios definitivos para la contratación provocaron que el Servicio de Contratación de Obras Públicas califique al proceso de inviable por “deficiencias insubsanables”.

Que Bravo ignore la observación obligatoria de Sercop, ahora, no es lo más grave. Personal de Petroecuador, que prefirió la reserva del nombre, advirtió a este Diario que se busca la renovación del contrato con el Consorcio Oro Negro. De hecho, resaltaron los consultados, la fricción que causaba el tema fue uno de los puntos que motivaron la salida del exgerente de Petroecuador, Byron Ojeda.

EXPRESO intentó obtener la versión del Consorcio Oro Negro pero no obtuvo una respuesta.

El delito

Según la Contraloría, el presunto delito que involucra a la seguridad de Petroecuador es el de Tráfico de Influencias.

La pena

Por ese delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 285, la pena es de tres a cinco años de prisión.

Fecha

El informe final de la Contraloría General se entregó el 27 de junio de este año. El periodo de análisis arrancó en octubre de 2015 y terminó el 31 de marzo de 2016.